El Senado brasileño aprobó por 42 a 37 votos el decreto provisorio del Poder Ejecutivo para privatizar la mayor empresa eléctrica de América Latina, Eletrobras.
El proyecto deberá volver a la Cámara de Diputados el lunes y allí se transformará en ley esta privatización.
Se trata de la privatización más importante del Gobierno de Bolsonaro y de su superministro de Economía, Paulo Guedes.
La actualidad de Eletrobras
El Estado cuenta actualmente con el 60% de las acciones de Eletrobras, empresa de capital abierto que cotiza en la Bolsa de Valores de San Pablo.
La privatización era reclamada por el mercado financiero y será realizada mediante la venta de acciones ordinaria de la empresa, para que la participación del Estado sea de entre 40 y 45%.
La participación de cada accionista o grupo de accionistas no podrá pasar el 10% y el Estado mantendrá la llamada "acción de oro", usada para que el Gobierno pueda intervenir con su última palabra.
La privatización mantendrá los subsidios hasta 2035 para las termoeléctricas movidas a carbón que actúan sobre todo en tiempos de sequía, una iniciativa repudiada por entidades del sector por considerar que estimula la polución ambiental.
Eletrobras responde por el 30% de la energía de Brasil y su gran potencial son las empresas subsidiarias regionales.
La cuenca del Paraná está sufriendo la peor crisis hídrica en 91 años, lo cual ha aumentado las multas a los consumidores por la sequía de las centrales hidroeléctricas. Casi el 80% de la generación de energía en Brasil es de matriz hidroeléctrica.
Críticas a la privatización
Entidades de usuarios y de la industria advirtieron que la privatización provocará un aumento en la tarifa de energía eléctrica. Sin embargo, el senador bolsonarista -y redactor del proyecto- Marcos Rogerio sostuvo: "Ahora estamos pagando energía dos o tres veces más cara".
Uno de los puntos más polémicos de la privatización es el destino de los futuros trabajadores despedidos, la previsión de un aumento de la tarifa y la vía libre para instalar torres de transmisión de energía en reservas indígenas amazónicas. Trabajadores no esenciales para el mantenimiento del servicio de la empresa, fundada en 1962, están en huelga esta semana en repudio al decreto provisorio de Bolsonaro.
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