El informe ordenado por el fiscal Franco Picardi revisaba las expresiones en redes sociales de Mauricio Macri, Elisa Carrió y otros referentes del oficialismo en ese entonces, acerca de funcionarios de la llamada "Mesa Judicial". Diputados y el Colegio de Abogados porteño exigieron que suspendan las pericias por atentar contra la libertad de expresión.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires emitió un comunicado en contra del peritaje que mandó a realizar la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos de la Corte Suprema de Justicia (DAJuDeCO) sobre las opiniones de funcionarios o allegados a la gestión de Mauricio Macri en la Presidencia -entre 2015 y 2019- sobre jueces y fiscales considerados víctimas de la denominada “mesa judicial” que habría existido en aquel periodo.
La solicitud del fiscal federal Franco Picardi, pedía a la DAJuDeCO un relevamiento de “manifestaciones directas de carácter público de funcionarios o allegados a la gestión de gobierno entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019”.
El informe solicitado por el Fiscal constituye un ataque claro a la libertad de expresión y al derecho de la población a recibir esa expresión crítica" (Colegio de Abogados).
Al respecto, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires manifestó su "más enérgico repudio" a la investigación seguida por el Fiscal y observó que el objetivo de la misma es "lesiva de la libertad de expresión, de opinión y de peticionar a las autoridades" y además "afecta la independencia del Ministerio Público y la inmunidad de opinión de Diputados de la Nación”.
A su vez, señalaron que la investigación se dirige a las opiniones vertidas en diarios, revistas, programas radiales o televisivos, o redes sociales por el ex Presidente del Colegio de Abogados Guillermo Lipera. Pero también abarca los dichos de los legisladores Elisa Carrió, Pablo Tonelli y Federico Pinedo.
En la parte final del texto, el Colegio de Abogados es repudió enfáticamente “la inaceptable medida dispuesta por el Fiscal, al pretender perseguir la opinión crítica vertida por quienes piensan diferente" y agregó que "constituye un ataque claro a la libertad de expresión y al derecho de la población a recibir esa expresión crítica".
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