La empresa de reciclaje y manejo de residuos estadounidense Stericycle acordó pagar una sanción de 84 millones de dólares por haber pagado coimas a funcionarios de Argentina, Brasil y México. La firma había sido denunciada ante las autoridades regulatorias estadounidenses por realizar maniobras de corrupción para adjudicarse contratos de servicios en Latinoamérica.
Stericycle confesó pagar alrededor de 10,5 millones de dólares en sobornos al personal de agencias gubernamentales y de otros organismos en los países latinoamericanos para obtener y conservar negocios en esos países, o para conseguir otras ventajas en relación con la prestación de servicios de gestión de residuos. Los pagos se efectuaron entre 2011 y 2016, generalmente en efectivo, y se calculaban como un porcentaje de los contratos.
Stericycle confesó que pagó coimas a funcionarios de Argentina, Brasil y México entre 2011 y 2016, lo que generó negocios por unos 21,5 millones de dólares en ganancias.
Los cómplices se referían a los pagos con palabras claves y códigos como “CP” o “pago de comisiones” en Brasil, “PI” o “pago de incentivo” en México. Mientras tanto, en Argentina, se usaba la palabra “alfajores” o “IP” como código para hacer las maniobras fraudulentas. Los negocios que surgieron a partir de las coimas le implicó a la compañía, al menos, unos 21,5 millones de dólares en ganancias, se informó en un comunicado oficial.
En el caso puntual de Argentina, la empresa utilizó algunos de sus empleados y agentes para ofrecer y pagar sobornos a funcionarios públicos. Las coimas buscaban obtener ventajas indebidas con el objetivo de mantener los negociados de gestión de residuos. "Stericycle obtuvo al menos US$ 4,4 millones en ganancias de contratos obtenidos y retenidos de manera corrupta con el gobierno argentino", sostiene el documento del Departamento de Justicia.
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El personal de Stericycle guardaba y enviaba por correo electrónico hojas de cálculo de Excel, que identificaban a los clientes del gobierno que recibieron sobornos. El objetivo del pago de sobornos a funcionarios gubernamentales en ciertas provincias buscaba garantizar el pago de facturas por servicios a hospitales y establecimientos de salud estatales.
La firma todavía presta servicios públicos al Estado nacional, gobiernos locales y hospitales públicos y privados. Según declaran oficialmente, procesan mensualmente más de 3.000 toneladas de residuos patogénicos “en varias provincias de nuestro país”.
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