La oposición apuntó contra Alberto Fernández luego de que la fiscalía federal de San Isidro aceptara la propuesta del mandatario de $1,6 millones para cerrar la causa por la fiesta en Olivos, realizada en medio de la cuarentena estricta.
El fiscal Fernando Domínguez consideró “razonable” la oferta efectuada por el jefe de Estado y detalló que el monto “cubriría el precio de un respirador para ser utilizado en módulos de atención Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de pacientes con Covid”. Si el juez Lino Mirabelli da el visto bueno, el Presidente quedará sobreseído.
Una vez que el acuerdo sea confirmado, Alberto Fernández tendrá un plazo de diez días hábiles para depositar el dinero en una cuenta bancaria.
La respuesta de la oposición
La extitular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, calificó el fallo como "vergonzoso" pero que lo es más "el Presidente que cree que con unas moneditas devaluadas va a lavar su responsabilidad". "Prohibido olvidar", cerró.
La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, consideró que el Presidente está "nuevamente poniéndole un precio a la cuarentena".
"Debería saber, como abogado y profesor de Derecho Penal, que no se trata de la pena que decida, sino la que corresponde por el delito que cometió", arremetió la titular del PRO en su cuenta de Twitter. Y remató: "En eso está de acuerdo con su vicepresidenta: asegurarse la impunidad".
Yamil Santoro, presidente de Republicanos Unidos, dijo que el Presidente no puede "comprar la impunidad".
Además, sostuvo que, "a diferencia de lo que pasa con otras personas en la causa, los funcionarios públicos no pueden conmutar penas". "Vas a tener que enfrentar la sentencia que, desde ya, debe ser condenatoria. Basta de atajos", manifestó Santoro.
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