El juez Roberto Gallardo fue apartado de la causa en la que se investiga el sistema de reconocimiento facial que depende de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Así lo determinó el Tribunal Superior de Justicia de CABA a través de un contundente fallo.
De esta manera, la Corte porteña dio lugar (con fallo dividido) a la apelación que presentó la administración de Horacio Rodríguez Larreta y se expidió: "La actuación desplegada por del juez de grado ha puesto en penumbras la garantía de imparcialidad que debe regir su función".
El fallo del tribunal
Con la decisión de hoy, el máximo tribunal de CABA dio lugar una queja por inconstitucionalidad planteada por el Gobierno de la Ciudad, además se decidió revocar el fallo del magistrado.
Primero, "admitir la queja y hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin costas", establece el dictamen.
Segundo, "revocar la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2021 por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, actuación nº 2962699/2021, y hacer lugar a la recusación planteada contra el juez Roberto Andrés Gallardo".
"La actuación desplegada por el juez de grado ha puesto en penumbras la garantía de imparcialidad que debe regir su función", finaliza el duro dictamen.
El ministro de Seguridad porteño, Marcelo Silvio D' Alessandro, no solo criticó la investigación del juez Gallardo sino que lo denunció penalmente. A su vez, el responsable de seguridad había ponderado la importancia del uso de las cámaras: "El sistema de reconocimiento facial es una de las principales herramientas contra la inseguridad".
La investigación del juez Gallardo
El ahora removido juez había ordenado la suspensión del sistema de reconocimiento facial en abril, que tenía como objetivo identificar a personas prófugas de la justicia, a pesar de que las cámaras no estaban en funcionamiento debido a su incompatibilidad con el uso obligatorio del barbijo.
Gallardo había ordenado una serie de allanamientos en el Centro de Monitoreo Urbano y en el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad. Pero la orden de suspensión del sistema la dictó tras el relevamiento de 10 millones de consultas al RENAPER, donde consta si las personas están siendo buscadas por la Justicia.
Sin embargo, D'Alessandro explicó que esas consultas son rutinarias y que Gallardo había metido todo en una gran ensalada: Un control de tránsito, en una denuncia, si pedís certificado de domicilio o el certificado de circulación Covid, en todos esos casos se consultaba al RENAPER".
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