La justicia rusa amenazó con imponerle 15 años de prisión a todos aquellos ciudadanos que se nieguen a ser conscriptos y desafíen la movilización obligatoria que decretó Vladimir Putin para potenciar la invasión de Ucrania. Mientras tanto, la policía rusa detuvo a más de 1.300 personas por participar de movilizaciones en distintas ciudades.
Las protestas en cuestión fueron las más importantes desde que comenzó la guerra en Ucrania, en febrero. Además, se produjo una movilización frente a la embajada rusa en Varsovia, la capital de Polonia. La cantidad de personas arrestadas fue publicada por la ONG OVD-Info, que puso en 1.399 los detenidos por las fuerzas de seguridad rusas.
Al mismo tiempo, la fiscalía rusa advirtió que la participación en protestas y manifestaciones, incluso difundir su existencia, podría ser un delito. Desde el Ministerio Público indicaron que estas movilizaciones no recibieron aprobación alguna del gobierno, que debe dar permiso antes de que se realicen.
La fiscalía comentó que "Internet, incluidas las redes sociales, contiene información que llama a la participación en manifestaciones públicas en Moscú y la comisión de otros actos ilegales". Añadieron: "La distribución de tales contenidos, la participación en actividades ilícitas de los internautas, incluidos menores de edad, es punible, así como la participación en tales acciones". Advirtieron que este tipo de delitos puede acarrear una pena de prisión de hasta 15 años, la misma pena que recibirán aquellos que evadan ser reclutados para luchar en Ucrania.
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