Marcelo Saín, el exministro de Seguridad de Santa Fe, fue imputado por asociación ilícita y espionaje. De acuerdo al fiscal Ezequiel Hernández, estos hechos fueron cometidos mientras ocupaba el ministerio de Seguridad santafesino, entre diciembre de 2019 y noviembre de 2021.
Según planteó la fiscalía en la imputación, la “organización criminal” tenía “estructura piramidal”. Y “el objetivo de la asociación ilícita era cometer diversos delitos contra la administración pública y contra personas humanas y jurídicas”, informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
También fueron imputadas Nadia Schujman (asistente técnica del Ministerio de Seguridad con funciones en la Secretaría de Control) y Débora Cotichini (jefa de Departamento de Inteligencia Criminal (Zona Sur) del Organismo de Investigaciones) como organizadoras.
Además, otras cinco personas están acusadas de ser miembros de la organización: el exsecretario de Seguridad, Germán Montenegro, María Agustina Moulin -que cumplía funciones dentro de la misma cartera-, Pablo Álvarez, Diego Rodríguez y Milagros Bernardi.
El fiscal Hernández explicó que los “perfilamientos” consistían en obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por el sólo hecho de sus acciones privadas, opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o laborales y por actividades lícitas que desarrollan en la provincia de Santa Fe.
Él (Omar Perotti) siempre estuvo al tanto de todo lo que desarrollamos en esta estrategia política de control de la criminalidad del poder en Santa Fe.
Marcelo Saín
El MPA agregó que “el jefe y las organizadoras diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema destinado a cometer y permitir la comisión de delitos, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados”.
La Fiscalía también afirmó que “el exministro de Seguridad imputado dio expresas órdenes de someter a tortura o vejaciones a personas privadas de su libertad”. En tal sentido, se relató que “gran parte de esas indicaciones fueron formuladas a otros imputados e imputadas, quienes cumplieron lo indicado”.
Los fiscales detallaron que entre las víctimas hay legisladores; funcionarios políticos; autoridades judiciales; dirigentes gremiales; profesionales; periodistas y empresarios. Además, según la acusación, también recopilaban datos de familiares de todos ellos y de su entorno laboral.
En la audiencia, el exfuncionario dijo que cumplía “directivas expresas del gobernador (Omar Perotti). Él siempre estuvo al tanto de todo lo que desarrollamos en esta estrategia política de control de la criminalidad del poder en Santa Fe”.
La defensa de los imputados planteó su rechazo frente a esa acusación al considerar que no existió ese delito. Además, indicaron que, de existir la violación a la ley de Inteligencia Nacional, tal como lo plantea Hernández, debió ser investigada por la Justicia Federal y no por fiscales provinciales.
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