La carta lleva la firma del presidente Alberto Fernández y de los gobernadores provinciales y será presentada a la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja.
En la carta contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Fernández y los 11 gobernadores que acompañan con sus firmas piden el inicio del juicio político, al acusar al Máximo Tribunal de poner “en riesgo el equilibrio republicano”, y de esta manera terminar “afectando seriamente la gobernabilidad y la estabilidad institucional”.
El inicio del proceso institucional de juicio político alcanza al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y al resto de los miembros, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, “por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones”, refiere el escrito.
“Un Poder del Estado que decide, arbitrariamente, invadir las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes de aquel, quebrantando así los pilares básicos en los que se asienta un sistema republicano de gobierno, en especial el principio de división de poderes (...) pone en riesgo el equilibrio republicano de nuestro Estado de Derecho, afectando seriamente la gobernabilidad y la estabilidad institucional”, dice la carta.
La pelea por los fondos coparticipables es lo que terminó impulsando el pedido de juicio político y el acompañamiento de los gobernadores. Según la misiva, al dictar una medida cautelar a favor del Gobierno de la Ciudad implica que la Corte se arrogó “facultades legislativas que no le corresponden”, ya que “ordena que el Estado Nacional se abstenga de aplicar una norma plenamente vigente”.
Al respecto, advierte que “por esta decisión de la Corte las provincias se ven económicamente afectadas, toda vez que el incremento del porcentaje de la masa coparticipable asignado a una determinada jurisdicción favorece a ella en detrimento de las otras regiones del país”.
Por último, “Resulta evidente que la decisión adoptada por los Ministros de la Corte es eminentemente política y por ende, como tal, debe ser analizada bajo el prisma del enorme impacto político y económico que provoca dentro del esquema de coparticipación federal”, reclama.
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