El juez federal Nicolás Kreplak ordenó hoy el allanamiento de 4 oficinas de Edesur para retirar documentación, tres sedes están en la Zona Sur de Buenos Aires y la cuarta en San Telmo.
El allanamiento fue dictaminado por la Justicia Federal fruto de los más de 477 cortes que afectaron a muchos barrios de la provincia de Buenos Aires. La medida pretende obtener información sobre las razones de los cortes que afectaron a miles de usuarios bonaerenses, se estima que más de 110 mil, durante la ola de calor.
Guido Lorenzino, el defensor del Pueblo de la Provincia, denunció a la distribuidora en febrero. Cecilia Incardona, desde la Fiscalía Federal n° 2, solicitó medidas de prueba.
Incardona sostuvo que el comportamiento de Edesur "constituye el delito de entorpecimiento de los servicios de provisión de electricidad, previsto y reprimido por el artículo 194 del Código Penal, sin perjuicio de que podría hallarse configurado un delito de mayor gravedad, por lo que corresponde instruir sumario para su investigación".
Edesur se defendió diciendo que los cortes se debieron a la falta de suministro por parte de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) pero la empresa negó esa información.
Hoy la Policía Federal retira documentos en una de las sedes de Ezeiza, una de Monte Grande, otra de Lomas de Zamora y otra del barrio de San Telmo.
Esta semana, Sergio Massa, el ministro de Economía, autorizó una “intervención” a la empresa y designó como interventor a Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, y exministro de Hábitat.
En los últimos días también se produjo el reclamo que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) presentó a la Justicia: el encargado del organismo, Walter Martello, solicitó que se impida la salida del país de nueve directivos que están a la cabeza de la empresa Edesur.
El Gobierno considera que Edesur "ha perdido su capacidad operativa en forma intencional" y por ello, acusa a sus máximos responsables de "frustrar dolosamente" el servicio eléctrico.
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