Después de que el presidente Alberto Fernández mantenga una reunión bilateral con el primer mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, el ministro Sergio Massa volverá a reunirse con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.
Una vez más, el ministro de Economía, Producción y Agricultura conversará con las autoridades del FMI sobre la situación económica de la Argentina y su impacto en el cumplimiento de las metas acordadas con el organismo de crédito.
Ambos se encontrarán este jueves en Washington para repasar cómo la sequía afectó las reservas del Banco Central y el ingreso de recursos para sostener el gasto público, las claves principales del compromiso asumido por el Gobierno argentino.
Agotada la capacidad de pedidos a los organismos tradicionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), las opciones institucionales son cada vez más angostas para que Argentina consiga dólares para afrontar el 2023.
La flexibilización y la reunión del directorio
Una de las variantes que se baraja es la de convencer a Georgieva que apruebe una flexibilización del acuerdo en curso. Argentina debe reducir su déficit fiscal al 1,9% del PBI en medio de la peor sequía de la historia que le quitará recursos por unos US$20.000.
Esta alternativa fue cobrando cuerpo en los últimos días a partir de la demora del FMI en confirmar la fecha de reunión del Directorio para aprobar la cuarta revisión y girar US$5.300 millones.
Argentina postergó pagos que operaban la semana pasada para el próximo viernes 31 de marzo a la espera de que se concrete el cónclave y la reunión de Massa con Kristalina Georgieva tendrá como objetivo la búsqueda de precisiones.
Esa reunión de la cúpula ya tiene definida la renegociación de la pauta de acumulación de reservas, pero las metas al primer trimestre de 2023 están en la cornisa y de allí a que se espera con atención lo que se defina. De esta reunión puede depender gran parte del pago del próximo viernes de unos US$2.700 millones, según si Georgieva acepta flexibilizar o no.
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