Condenaron cuatro oficiales de la policía bonaerense con penas de hasta siete años de prisión por haber orquestado un allanamiento antidroga ilegal en un taller mecánico en Parque Chacabuco. el objetivo de la operación era hacerse de nueve kilos de cocaína y dinero. El hecho ocurrió en junio de 2020.
La sentencia la dio el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) 4 y la dictaron los jueces Ricardo Basílico, Néstor Costabel y Jorge Gorini. Los policías integraban la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de La Matanza.
En cuanto al contenido de la sentencia, Alfredo Segundo Rodríguez recibió siete años de cárcel e inhabilitación por dicho tiempo, el oficial principal José Rubén Mujica y el subteniente Héctor Daniel Luna recibieron seis y cuatro años y medio de prisión, respectivamente y para el comisario David Javier Ávalos hubo una pena de tres años con prisión condicional por encubrimiento agravado. Rodríguez, Mujica y Luna los condenaron por "privación ilegal de la libertad cometida con violencia y amenazas, allanamiento ilegal, violación de las medidas sanitarios y tenencia simple de estupefacientes".
Lo ocurrido en junio de 2020
El TOCF 4 dio por acreditado que el 7 de junio de 2020, en pleno Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), los policías Rodríguez, Mujica y Luna realizaron un allanamiento ilegal en un taller mecánico ubicado en la calle Cachimayo 1980, en el barrio de Parque Chacabuco, con el objetivo de quedarse con el dinero que se generaba con la venta de drogas que se realizaba en el local.
Un vecino fue quien alertó al 911, al observar a dos hombres armados a bordo de un vehículo particular, por lo que efectivos de la comisaría vecinal B7 de la Policía de la Ciudad se trasladaron hasta el lugar y se encontraron con dos agentes que se identificaron como integrantes de la Brigada de Narcocriminalidad de Lomas de Zamora y que tenían demoradas y esposadas a siete personas en el marco de un supuesto secuestro de nueve kilos de cocaína.
Ante esta situación, los policías porteños requirieron a los bonaerenses, que estaban vestidos de civil pero llevaban sus respectivas credenciales y sus armas reglamentarias, el oficio judicial correspondiente al procedimiento, pero estos últimos no pudieron justificar su accionar, lo que llevó a la intervención de un juez federal que dispuso su detención
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