La Oficina de Derechos Humanos de la ONU envió una carta a Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, en donde mostró su preocupación por la respuesta policial a la ola de protestas que se desató en la provincia. Lo hizo a través de Jan Jarab, el representante para América del Sur de dicha comisión del organismo internacional.
Según Jarab, la carta tiene como objetivo "expresar la preocupación por la gestión de las recientes manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad, así como por algunas de las disposiciones del texto de reforma constitucional provincial aprobado".
En ese sentido, el representante para América del Sur llamó a un "diálogo constructivo" en donde se garantizara la participación de los "pueblos indígenas" para así poder "evitar la crisis" que atraviesa Jujuy. Desde la Oficina sostuvieron que "es de suma importancia evitar la escalada de violencia".
El documento detalló que desde el organismo recibieron la información sobre hechos que "podrían constituir un uso indebido de la fuerza". La carta destaca que "al menos 20 personas resultaron heridas" y la advierte sobre las "detenciones de manifestantes, de líderes de comunidades indígenas, de una legisladora provincial y de dos periodistas".
La ONu también hizo mención a la "irrupción" de algunos "particulares" en las instalaciones de la legislatura provincial y afirmó que "los hechos de violencia no están protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".
También destacaron que "la mera perturbación de la circulación del tráfico o de los peatones o de las actividades cotidianas no equivale a violencia", marcando así un contrapunto respecto a la letra de la reforma constitucional que prohibe la realización de cortes de calle y de rutas.
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