Grupos de padres de colegios privados del norte del conurbano se organizan para intentar frenar las subas de las cuotas de las empresas donde sus hijos estudian, intentando evitar pagar, en algunos casos, hasta un millón de pesos. En ese sentido, están convocando a una "desobediencia" entre los padres, que encontraron un vericueto legal para parar los aumentos.
La movida recorre a colegios que van desde Belgrano hasta Pilar, pasando por Núñez, Vicente López, Olivos, San Fernando y Tigre. Por esos grupos de WhatsApp circula un documento de google colaborativo a donde fueron subiendo los distintos valores que se les informó, y organizaron una acción conjunta para que todos los padres le envíen una carta a las autoridades de cada colegio informando que rechazaban los nuevos precios pero pedían que sus hijos siguieran matriculados para el año siguiente.
Los anuncios de los aumentos generaron, en un paso, el rechazo de las familias y la organización de los padres para frenar las subas y evitar el cobro de la matrícula, que suele equivaler a una cuota y media del año.
Según un padre de una escuela involucrada, en su institución subirán un 218% la cuota, con lo que, a partir de marzo, pasaría a costar alrededor de 457.000 pesos. Mientras tanto, desde Pilar, una madre contó que la cuota de la escuela de sus cuatro hijos sería de 1,2 millones de pesos a partir del año que viene. En diálogo con La Nación, ella contó: "Hoy pago 650.000 pesos y ya cuesta. Lloro. Nosotros trabajamos los dos, un montón trabajamos. Yo en una empresa y él es independiente. Pero tengo esta duda de no saber si voy a poder pagar". Siguió: "No hubo ninguna propuesta de financiación ni alternativa, ni se solidarizaron con la situación del país. No sé cómo vamos a hacer. Capaz tengo que cambiar de zona y de colegio y tomar decisiones más fuertes".
Para enfrentar esta situación, algunos padres descubrieron una vieja norma que pueden usar para frenar los aumentos: el decreto 2417/93, firmado por Carlos Menem, que dispone que los colegios que no reciben subvención del Estado deben mostrar la aceptación de la comunidad educativa del contrato escolar al estado. Para eso, necesitan la firma de más del 50% de las familias. Si no lo logran, no pueden actualizar los valores de las cuotas.
Ahora, desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires enviaron un pedido a la Junta Nacional de Educación Privada para que la Secretaría de Comercio prorrogue o suspenda los artículos en cuestión. De acuerdo a las organizaciones que núclean a los colegios, entre el 80% y el 90% de las cuotas están relacionadas con el pago de salarios para que el colegio funcione.
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