Tras la fallida reunión conciliatoria que se desarrolló ayer entre el oficialismo y la oposición, Boca presentó un escrito ante la Justicia apelando la cautelar de la jueza Alejandra Abrevaya que suspendió las elecciones previstas para este domingo, y denunció graves irregularidades en el proceso. Por este motivo, insisten en que los comicios se desarrollen con normalidad.
En el escrito presentado por la dirigencia conducida por Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme pidieron que se revoque la medida. Pero lo más llamativo son las irregularidades que detectaron, como que la jueza validó la denuncia con testigos que no aparecen citados en el expediente. Es decir, validó las supuestas irregularidades denunciadas por la oposición en testigos que no existen.
A partir de ahora se abren dos caminos posibles: que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revoque la medida de la jueza (si determina que no hay elementos suficientes para suspender las elecciones) o que la confirme. Sea la decisión que sea, esto podría llevar 72 horas hábiles, es decir, una fecha cercana al 6 de diciembre.
En el caso que la Cámara de Apelaciones revoque el fallo, las elecciones en Boca podrían realizarse antes de fin de año si la resolución se da con cierta celeridad. El tema es que casi no quedan domingos disponibles, ya que el 10 de diciembre no se podría realizar debido a la asunción presidencial de Javier Milei, y la única opción sería una semana después, el 17, ya que luego se vienen los feriados del 24 y 31. Y la opción de un sábado es compleja debido al supuesto conflicto con la colectividad judía.
Por su parte, en el caso que Cámara de Apelaciones confirmara el fallo, la causa volvería a la jueza Abrevaya para que defina la cuestión de los socios de Boca cuestionados por la oposición, situación que podría demorar alrededor de un mes. Con Navidad, Año Nuevo y la feria judicial de por medio, sería muy difícil que el socio pueda ejercer su derecho a votar antes de marzo.
A todo esto, sobreflota un gran temor hacia el interior del club: la posibilidad de intervención. Creen que con el recambio de autoridades nacionales desde el 10 de diciembre, dentro del cual la IGJ pasaría a estar en manos de gente afín al nuevo presidente argentino, y por consiguiente a Mauricio Macri, el organismo podría tomar esa drástica decisión sobre la institución.
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