El Gobierno nacional reglamentó este viernes la Ley de expropiación del local donde funcionó el boliche Cromañón después de la Ley que lo convirtió en sitio de Memoria. Alberto Fernández se encargó del decreto reglamentario, que estipula la construcción de un Espacio de Memoria para los sobrevivientes y familiares de los fallecidos durante la tragedia en 2004.
El texto del decreto está compuesto por diez artículos que, en primer lugar, instruyen al Ministerio de Justicia a concretar la expropiación a Rafael Levy, exdueño del boliche, condenado a cuatro años y medio de prisión en 2014 por su responsabilidad sobre el incendio en el que murieron 194 personas. El decreto lleva a "efectivizar el inmediato uso" de los inmuebles de Bartolomé Mitre al 3038/78 y de Jean Jaures al 51, donde estaba ubicado República de Cromañón, para construir un Museo de Memoria.
La ley 27.695, decretada por el gobierno nacional, declara de utilidad pública y sujeto a expropiación al inmueble, medida que consideraron "una etapa importantísima y necesaria para la construcción de un espacio de memoria".
El decreto fue publicado por el Boletín Oficial, bajo la firma de Tristán Bauer, ministro de Cultura, Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos, y Agustín Rossi, jefe de Gabinete, además de la firma del presidente, después de la Ley que lo estableció como sitio de Memoria.
"La reglamentación establece el sujeto expropiante, cuál va a ser la autoridad de aplicación, cuáles son sus tareas, y sobre todo que el uso de los inmuebles se tiene que concretar desde ahora. Queríamos que Levy se fuera del lugar y sin la reglamentación eso eran sólo palabras", explicó Silvia Bignami, integrante de Movimiento Cromañón a Página 12.
El decreto también delega en la Secretaría de Derechos Humanos la creación de una "comisión a cargo de la administración del espacio dedicado a la memoria", que deberá conformarse en un plazo de treinta días hábiles desde este viernes, día en el que se firmó el documento.
La comisión tendrá 7 integrantes: dos de la Secretaría de Derechos Humanos, dos del ministerio de Cultura y tres representantes de sobrevivientes y familiares. Sobre esto, Bignami refirió que los representantes están en "desventaja" para la toma de decisiones, por ser minoría; y compartió su preocupación por el futuro del proyecto después de la asunción de Milei y Villarruel, cuyos funcionarios estarán a cargo de la consecución, porque el panorama es "muy complejo para cualquier lucha por los derechos humanos", destacó.
Aunque agregó, "la lucha va a seguir y esta medida nos protege un poco más que no tener ninguna".
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