Vilma Ibarra usó su cuenta de Twitter para alertar un posible "avasallamiento a la división de poderes" por parte de Javier Milei en su anuncio del próximo DNU por cadena nacional. La ex secretaria Legal y Técnica recordó que los decretos de Necesidad y Urgencia no están para "modificar o derogar normas de fondo" y dijo que el Poder Ejecutivo va a tener que explicar "el porqué de la urgencia y la necesidad" de la medida para no esperar y debatir en el Congreso.
Ibarra explicó cuál es el recorrido legal que tiene que tener un Decreto antes de que lo firme el presidente y advirtió que, según lo que trascendió, lo que va a decretar lo habrían redactado "estudios jurídicos privados". Además, dijo que, en caso de que eso se haya pagado con plata del Estado, se podrían generar "hipótesis delictivas por corrupción".
Se espera que el DNU avance sobre la legislación laboral, leyes jubilatorias, alquileres, ajustes en la administración del Estado, privatización de empresas públicas, entre otros puntos claves que se anunciarán en una cadena nacional grabada que se emitirá esta noche. Todo esto estará contenido en 600 artículos que van a ser revisados por una Comisión Bicameral en el Congreso y que va a tener vigencia siempre y cuando no lo rechacen la mayoría de las dos cámaras.
En ese marco, Vilma Ibarra encendió tres alarmas en su cuenta de Twitter: según ella, Milei va a avanzar sobre la división de poderes. Luego, advirtió sobre la validez constitucional del DNU y su alcance que, en este caso, no va sobre un aspecto en particular, sino sobre un amplio marco legal que implica cuestiones sociales y económicas del país.
"La CN autoriza DNU para circunstancias excepcionales de necesidad y urgencia. Si un DNU deroga 300 leyes y modifica otras tantas el PEN se arroga facultades legislativas vedadas. Es un avasallamiento a la división de poderes", advirtió en un primer tweet que abrió un extenso hilo. "Si se dicta el MEGA-DNU anunciado nos encontraremos ante una decisión inconstitucional, antirrepublicana y que inicia un camino de autoritarismo que nos debe causar una profunda alarma", siguió.
A modo de "segunda alarma", advirtió sobre los pasos que debe recorrer un DNU para llevarse a cabo. "Para dictar cualquier DNU el Ministerio competente inicia expediente y confecciona el proyecto con los informes técnicos y el dictamen jurídico correspondiente. Si la decisión involucra diversas áreas del gobierno, todas ellas deben intervenir. Luego la Secretaría Legal y Técnica analiza que esté correctamente confeccionado, que sea legal y que el presidente tenga las facultades constitucionales para dictarlo. Esto se plasma en un informe de la Subsecretaría Técnica y en un dictamen del área jurídica", publicó.
"Todo parece indicar que este mega-DNU habría sido confeccionado por estudios jurídicos privados. Segunda alarma, tan grave como la primera: ¿quién elaboró este DNU? Si fueron estudios jurídicos privados es gravísimo y no puede permitirse ni normalizarse. ¿Quién les paga? Porque, como dice el presidente Javier Milei, nada es gratis. Hace a la trasparencia de los actos de gobierno conocer quiénes trabajaron en este DNU para saber si luego son beneficiados por las medidas allí dispuestas. Nos podríamos encontrar ante hipótesis delictivas por corrupción", siguió.
Para finalizar, puntualizó en una tercera alarma, que tiene que ver con los argumentos que tiene que dar el presidente a la hora de firmar un DNU y no elevar un proyecto para que se debata en el Congreso. "Finalmente, cada vez que un presidente dicta un DNU debe dar fundamentación suficiente y dictamen jurídico para explicar por qué hay necesidad y urgencia que impiden esperar el tiempo que demanda la sanción de una ley. Es una obviedad decirlo, pero en el mega-DNU anunciado se debería fundamentar puntualmente respecto de cada ley que se deroga o se modifica el porqué de la urgencia y la necesidad, conforme lo exige el artículo 99 inc. 3 de la Constitución", twitteó.
En ese sentido, explicó que "el DNU no está previsto para modificar o derogar normas de fondo. Aun durante la pandemia, cuando ello debió hacerse por necesidad y urgencia, se trató de normas temporales. Para derogar o modificar leyes está el Congreso".
Para terminar, escribió: "Finalmente, las 600 leyes que quieren derogar o modificar rigen nuestra la vida hace muchos años. Solo el autoritarismo más antirrepublicano puede avasallarlas en un DNU. Habrá responsables".
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