El gobernador Ricardo Quintela informó que la provincia de La Rioja no logró cumplir con sus obligaciones de deuda, por unos US$26 millones, debido a la suspensión del pago de los fondos coparticipables por parte del gobierno nacional.
En un comunicado firmado por el ministro de Hacienda riojano, Jorge Quintero, la administración provincial reconoció dificultades para “pagar capital e intereses con fecha de pago operada el 24 de febrero de 2024 bajo los bonos internacionales con vencimiento en 2028” y aseguró que por este motivo se encuentra “analizando y evaluando la mejor forma de abordar el manejo de sus compromisos financieros”.
La colocación de deuda pública consiste en un bono verde emitido en 2017 por u$s200 millones con una tasa de interés de 9,75% anual.
Además, la nota advierte que La Rioja “enfrenta desafíos económicos sin precedentes”, entre los que menciona “la contracción de la economía Argentina, la alta inflación y la devaluación del tipo de cambio”, que “han tenido un efecto directo en la economía de la Provincia, resultando en un grave descenso en la recaudación fiscal a nivel provincial”.
Quintero expuso que “la provincia no ha recibido fondos coparticipables, según lo establecido en el Art. 83 de la Ley 27.701” referida al presupuesto 2023, reconvenido para 2024, lo que lleva a que los ingresos de La Rioja sean “insuficientes para cubrir los gastos relacionados con servicios y programas esenciales”.
La provincia no ha recibido fondos coparticipables, según lo establecido en el Art. 83 de la Ley 27.701
Frente a la urgente situación financiera, La Rioja informó que contrató asesores financieros y legales con “la intención de iniciar consultas con los tenedores de los Bonos con el objetivo de llegar a un acuerdo amigable y consensuado con ellos en el menor tiempo posible”.
El gobierno riojano argumenta que la Nación lleva una deuda total de US$302 millones, cuyo reclamo formalizó ante la Corte Suprema la última semana, con un pedido de Acción Declarativa de Certeza acerca de la nulidad del mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el presidente Javier Milei y una medida cautelar ante el no pago de los fondos fiduciarios.
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