El gobierno de La Libertad Avanza (en adelante, LLA) no ahorra en gestos (tampoco en medidas que afectan nuestras condiciones de vida) que buscan impactar en el plano de lo simbólico. Su “batalla cultural”, precisamente, es contra una “visión del mundo” (expresión utilizada por Milei en Davos) “colectivista”, estatista, que obra en desmedro del capitalismo desregulado –o de libre mercado- y su concepción concomitante de individuo libre (suelto, sin ataduras a un Otro) y autosuficiente. Para el actual presidente, los modelos colectivistas –en su fantasmática todos de raigambre marxista- van desde el socialismo, pasando por el peronismo, hasta el feminismo y el ambientalismo. Esto es, un amplio espectro de configuraciones políticas, teóricas y movimentales, puestas en serie de forma arbitraria, en particular, en lo referido a sus especificidades y diferencias, que operan como antagonistas y como “causas” –fetichizadas- del empobrecimiento, no solo material, sino también “moral” del país.
En esa saga, además, entran los organismos de derechos humanos (en adelante, DDHH). Si bien Milei no escatima en manifestaciones negacionistas, es la vicepresidenta electa por la coalición gobernante, Victoria Villarruel, quien representa más orgánicamente a sectores ligados a las Fuerzas Armadas y a militares condenados por delitos de lesa humanidad y busca instalar la narrativa de la “memoria completa” desde el Estado.
En su primera entrevista como mandataria, brindada a la señal TN del grupo Clarín, y en la previa al 24 de marzo, fecha que condensa la lucha por Memoria, Verdad y Justicia (MVJ), consultada por la posibilidad de un indulto –a los presos por su actuación durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983)-, respondió que ella quiere una “solución jurídica” (ni el indulto ni la amnistía). Desde su perspectiva, “el derecho no dice lo que se interpretó” –aclaremos, para juzgar y condenar a los genocidas. Además de evitar repudiar la agresión a la militante de HIJOS, torturada y abusada en su domicilio por sujetos que se identificaron con LLA, y poner en duda las desapariciones en democracia de Jorge Julio López y Santiago Maldonado (aunque ulteriormente haya aparecido el cuerpo de este último), en otro pasaje de esa misma entrevista, Villarruel afirma que “hay un morbo con esa fecha”. Y agrega: “Porque a toda la izquierda se le va la vida si el 24 de marzo no logran que se escuche su mensaje que está ininterrumpido desde hace 40 años”. Para ella, “hay que cortarla con el relato”.
En continuo con esa intervención, el mismo domingo 24 de marzo, horas antes de la marcha que moviliza –y movilizó- miles de personas en todo el país, se difundió, a través de las redes sociales de la Casa Rosada Argentina, un spot institucional, cuyo título es “Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Completa”. El nuevo gesto, que se juega en el añadido de “completa” a una consigna histórica de los organismos (y se anuda al del último #8M , cuando, a la par del paro feminista contra el brutal ajuste del gobierno, se bajaron los cuadros de mujeres protagonistas de la historia política del país y se reemplazó el nombre del “Salón de las Mujeres” por el de “Salón de los Próceres Argentinos”), adquiere los contornos no solo de una provocación sino de una maniobra (complementada con despidos y desmantelamientos de áreas estatales clave para la investigación de las violaciones a los DDHH) que busca alterar consensos fundamentales del devenir democrático.
No me voy a detener en las imprecisiones y tergiversaciones del video (de lo cual ya se han encargado otras notas, como la de Melisa Molina, publicada el 25 de marzo en Página 12), sino a compartir algunas reflexiones. Además del burdo intento de revisionismo, que pretende reactualizar claves de lectura sobre el pasado reciente problematizadas ampliamente por la investigación académica y desestimadas por el enorme caudal de pruebas contra los militares (esto es, existencia de centros clandestinos de desaparición y tortura, operativos de secuestro, prácticas de vejación de los cuerpos, vuelos de la muerte, apropiaciones de bebés y niños, etc.), recopiladas tanto para el Juicio a las Juntas de 1985 como en sucesivas (mega)causas abiertas con posterioridad a la derogación de las leyes de “punto final” y “obediencia debida”, buscan deshacer, como dicen las investigadoras Mercedes Barros y Virginia Morales, el “amarre popular” de la causa de MVJ. A tal efecto, disputan los contenidos (y sujetos) de los términos, entre ellos, el de “derechos humanos”, para hacerlo extensivo –por cierto, con poco éxito en lo que concierne a su verosimilitud- a las “víctimas de la subversión” (para quienes piden indemnización), y también las formas discursivas históricamente transitadas por familiares y sobrevivientes como lo es el testimonio. Por supuesto, nada de ello ocurre sobre un vacío. La escena se monta sobre las operaciones macristas de deslegitimación del “curro” de los DDHH, y también sobre un activismo marginal pero persistente por la “memoria completa” (la propia Villarruel fundó y preside el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV)).
Volviendo al spot, son llamativas al menos dos cuestiones. En primer lugar, el intento de refutar desde la lógica del testimonio individual, suelto, la contundencia de los elementos que han permitido demostrar que la dictadura pergeñó y ejecutó un plan sistemático de desaparición de personas y un plan sistemático de robo de niños/as. Gracias a los juicios y a la inclaudicable lucha de los organismos, sabemos que no fueron hechos aislados, sabemos que no fue una “guerra sucia” entre dos bandos o “demonios”. Sabemos que fue terrorismo de Estado (y sin lugar a dudas el esfuerzo jurídico para condenar a los responsables como autores de delitos de lesa humanidad fue monumental, lo que puso a nuestro país a la vanguardia en materia de DDHH). En segundo lugar, la apelación al mito como modo de eludir la responsabilidad por los crímenes cometidos desde/con el aparato estatal. Me refiero a la figura de “dos ángeles caídos”, invocada por uno de los protagonistas del video. Esto último devela que una “memoria completa” solo sería posible rechazando el atravesamiento de la ley y la verdad (amparada en pruebas) para desplazarse a un “afuera” de la historia. Por el contrario, dejarse atravesar –como dice la psicoanalista Fabiana Rousseaux- por la ley y la verdad (siempre humanas), como lo hacen –por ejemplo- las (ex) hijas de genocidas, es condición necesaria para la no repetición y el ordenamiento subjetivo/democrático.
Luego, y para finalizar, tiene razón Villarruel cuando dice que cada 24 de marzo la militancia y la ciudadanía formada en los DDHH, que –aclarémosle- no se identifica solo con la izquierda, hace escuchar su deseo de memoria, verdad y justicia, orgullosamente ininterrumpido desde hace 40 años. Pues cada 24 de marzo se renueva la promesa de Nunca más dictadura, persecución, desaparición por razones políticas (u otras) y se actualiza el legado ético y político de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Este legado, que reivindica el bien común, la fragilidad y, en virtud de esta, nuestra mutua dependencia, es la plataforma de lucha para resistir –una vez más- las renovadas formas de desposesión del neoliberalismo, las políticas de la crueldad y las intenciones de oficializar el negacionismo o la reivindicación de la dictadura como discurso estatal. Sobre ese legado del pañuelo blanco, que reafirma la potencia de lo colectivo para vencer los espantos y se transmite mediante solidaridades, afectos e identificaciones en las luchas del presente de mujeres, feministas y disidencias, no pasarán.
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