La oleada de despidos masivos que emprende el Gobierno desde hace varios días continúa esta semana, con la particularidad de haberse producido varias protestas sindicales contra la medida ante un desproporcionado operativo de las fuerzas de seguridad. En ese contexto, Manuel Adorni se refirió al tema durante su habitual conferencia de prensa y estimó el “número final” de estos días en 15 mil personas que se quedan sin fuente de subsistencia.
Esta mañana, mientras se extendía la convocatoria de ATE a ingresar masivamente a las dependencias del Estado donde hubo despidos, Adorni expresó: “El número final ronda las 15 mil personas o los 15 mil contratos que efectivamente no se han renovado. Digamos, venimos hablando de esto en reiteradas oportunidades, no hay mucho más para decir que simplemente es parte de el trabajo que estamos haciendo para achicar los gastos del estado [sic]”.
Así, el vocero presidencial reafirmó la convicción del Gobierno de avanzar con la ola de despidos de forma tal que las personas cuyo trabajo “no es necesario” no sigan “cobrando un ingreso del Estado”.
En este sentido, el funcionario agregó, textualmente: “Del otro lado hay un contribuyente que lo paga, tenés un salario y del otro lado… en este caso, bueno, los trabajos que tal vez no tenían un trabajo muy definido, era simplemente un ingreso que del otro lado está sosteniendo un contribuyente que muchas veces tiene problemas para llegar a fin de mes y no es justo”.
En referencia a la medida de protesta convocada por ATE, consistente en entrar a los edificios de las dependencias estatales que despidieron trabajadores, el vocero dijo que “lo que sea fuera de la ley tendrán las consecuencias correspondientes en cada caso”. “Todo el que esté cometiendo algún acto fuera de la ley va a tener por supuesto sus consecuencias”, insistió.
Esta mañana, edificios de organismos como el CONICET, el INADI y la Secretaría de Trabajo aparecieron repletos de efectivos policiales, en su mayoría armados, para evitar por la fuerza la protesta de ATE. La medida gremial, en tanto, responde a los miles de despidos que, además de ser considerados contrarios a los derechos que ratifica la Constitución, fueron denunciados como un atentado contra el desarrollo científico y educativo y la garantía de otros derechos ciudadanos.
“Comienza el día y ya vemos a las fuerzas de seguridad más ocupados en amedrentar trabajadores que en sus propias funciones como combatir el narcotráfico. Las dependencias estatales amanecen con fuerzas de seguridad en su interior”, denunciaron desde ATE Capital en redes. El titular del gremio, Rodolfo Aguiar, consideró en este marco que “provocar cesantías masivas en el Estado es suprimir derechos fundamentales de las personas y esa es una conducta tipificada en nuestro Código Penal”.
“Vulnerar la garantía de estabilidad prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional decenas de miles de veces a su vez provoca la supresión de otros derechos fundamentales que tiene toda la sociedad. Y nuestro Código Penal en su artículo 226 da penas de entre 5 y 15 años a quienes impidan el libre ejercicio de las facultades constitucionales”, agregó el gremialista. En adelante, señaló también que “se está incumpliendo con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que obliga a los Estados a proteger el trabajo y garantizar el pleno empleo”.
Ya días atrás, desde el área científica denunciaron el carácter indiscriminado, carente de criterio y llanamente “destructivo” de la remoción de trabajadores. Tomando casos como el del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica, representantes de este sector apuntaron a que, en la persecución ciega de un número de despidos coherente con el discurso de achique estatal, las autoridades no tienen en cuenta ni la aptitud profesional de los afectados ni el funcionamiento eficiente de los organismos implicados.
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