La jueza Norma Abate de Mazzucchelli, presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de La Rioja, renunció a su cargo por las acusaciones recibidas. Cabe destacar que la magistrada recibió una denuncia por pedir una coima de $8 millones a cambio de acelerar una sucesión.
A su vez, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina solicitó la suspensión preventiva de su cargo como vicepresidenta primera luego de conocerse el hecho. Mientras tanto, el gobernador riojano Ricardo Quintela impulsó una investigación por este suceso escandaloso.
La Corte riojana realizó un Acuerdo Extraordinario sobre la situación de la magistrada. En ese sentido, el documento indicó: "Se resolvió la apertura del sumario contra Dra. Norma Abate de Mazzuchelli, la suspensión preventiva en sus funciones como jueza, disponer la designación de instructor encargado de la investigación interna y comunicar por la Secretaria de Superintendencia y Control Judicial de todo lo actuado al Consejo de la Magistratura de La Rioja".
El hecho salió a la luz luego de que una comerciante riojana llamada Manuela Saavedra expusiera un supuesto pedido de coima por parte de la jueza Abate de Mazzuchhetti para acelerar un proceso de sucesión familiar.
Luego esto derivo en la solicitud de una gran suma de dinero por parte de la jueza para destrabar la causa. Debido a esto, la comerciante grabó como una "cámara oculta" los dichos de la magistrada, en los que se quejaba del bajo salario que tenía por su profesión. Incluso, horas después se presentó nuevamente en su comercio para avisarle que podía tener los oficios para el día siguiente.
"¿Cuánto creés que podés pagar? ¿Quién te hizo todo? ¿Quién te manejó todo? Acá no fueron los abogados. Es simple, Manuela. Acá nadie te va a poner un revólver en el pecho. Voy a regular unos honorarios para tu abogada y esos honorarios van a ser los míos. Vos me entendés, porque sos inteligente", le dijo Abate de Mazzucchetti a la comerciante.
Finalmente, la jueza escribió un número 8 en un papel, haciendo alusión a los $8 millones que le costaría el proceso y cuestionando el trabajo de los abogados que llevan el expediente. Por último, la magistrada quiso negociar otra cifra aún más alta.
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