Tras la escandalosa audiencia que tuvo como protagonistas a la subsecretaria Legal de Capital Humano, Leila Gianni, y al dirigente social Juan Grabois, la Sala II de la Cámara Federal de la Ciudad confirmó que el Juez Casanello ordenó un plan de distribución inmediata de las 5 mil toneladas de alimentos que estaban guardados y a punto de vencerse bajo la órbita del megaministerio que dirige Pettovello. Además, los magistrados cuestionaron el comportamiento de Grabois y de Gianni, que tuvieron una discusión escandalosa que fue filmada y viralizada.
La Sala II de la Cámara Federal porteña, integrada por Martin Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah, respaldó la cautelar firmada por Sebastián Casanello en la causa que sigue la problemática de los alimentos guardados desde la gestión anterior que no se distribuyeron a comedores y merenderos.
El Ministerio de Capital Humano había apelado la medida de Casanello, acusando al juez de “violar la división de poderes”, sobrepasar su jurisdicción y dictaminar sobre una “política de Estado no justiciable”. Sin embargo, los camaristas no convalidaron ninguna de estas razones y le dieron la derecha al juez.
Al momento de emitir su voto, Martín Irurzun -presidente de la Sala II- dijo que “la decisión fue adoptada por un juez penal en el marco de una causa en desarrollo, con lo cual no puede sostenerse -como pretende la recurrente- que estamos en presencia de una intromisión indebida de la justicia en esferas que son de exclusiva competencia de otro órgano del Estado”.
Y amplió: “No están en discusión las políticas de Estado en materia de seguridad alimentaria sino, lisa y llanamente, si existió una ilícita actuación de funcionarios públicos que agravó aún más la situación catastrófica en la que se encuentra un importante grupo de personas que no tienen sus derechos humanos básicos cubiertos”.
El juez Farah, por su parte, habló sobre el escándalo protagonizado por Juan Grabois y Leila Gianni durante la audiencia del martes. “En la audiencia realizada el día de ayer las partes no contribuyeron en nada para la solución del caso. Todo lo contrario”, sostuvo. Y dijo que “no expusieron cabalmente cuáles eran las razones de hecho y de derecho que sustentaban sus respectivas posiciones en la causa. Los pocos señalamientos en esa dirección se diluyeron. Por un lado, entre insultos, gritos y acusaciones recíprocas sobre quien es el responsable por la situación de extrema pobreza que azota a una parte importante de la población y sobre quién es el que debe recibir laureles por haber afrontado con eficacia esa situación”. Por otro lado, “entre sermones, suspicacias y hasta admoniciones y se deslizaron regaños anticipados por lo que suponen que este Tribunal habrá de resolver”.
En cuanto a cómo actuó Casanello, Farah dijo que este partió de la base de su competencia penal para averiguar los delitos denunciados y la relación entre ellos y los alimentos que no estaban siendo distribuidos. Entendió que la cautelar “puso el acento en expresas previsiones de uno de los tratados internacionales con jerarquía constitucional que resultan de aplicación al caso por existir en el país una situación de pobreza de alcances significativos y por haberse demostrado la existencia de numerosos alimentos adquiridos y almacenados para ser destinados a paliar aquella situación”.
Además, en el fallo se explica que el juez no ordenó la entrega de los alimentos, sino que le encomendó “al Ministerio de Capital Humano que, en el marco de sus competencias, elabore un plan de distribución” de los alimentos que estaban guardados en dos depósitos en concreto. Esta diferencia “pone de manifiesto una actitud de prudencia del Juez de Primera Instancia, que debe ser destacada".
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