El fiscal federal Ramiro González abrió hoy una causa penal para investigar la contratación de personal en el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
González irá tras la pista que dio el ministerio cundo expulsó a quien era el secretario de Niñez y Familia Pablo de la Torre, denunciándolo por presuntas irregularidades en los contratos. Así, el fiscal buscará saber si "existieron conductas penalmente relevantes" en el vínculo entre la cartera que dirige Sandra Pettovello y el organismo de cooperación internacional que tiene su sede central en España y oficinas en toda Latinoamérica.
Los "contratos OEI", como se los conoce, permiten sumar personal al Estado a través de convenios institucionales que se firman con los ministerios, que escapan al alcance de los organismos estatales de control.
Mientras el ministerio impulsa la distribución de los alimentos acopiados mediante una organización católica ultraconservadora, en Comodoro Py decidieron poner bajo la lupa el mecanismo de contratación. Capital Humano presentó la denuncia el lunes y allí explicaron que, a fines de mayo, Federico Fernández, un funcionario de la Secretaría, contó que en una reunión en enero un grupo de otros funcionarios había decidido contratar personal a través de la OEI. También consignaron que el dinero que se cobraba se pasaba a dólares y que parte era para De la Torre.
Ayer, la asesora de Legales del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni ratificó esta denuncia, informó que en el Ministerio se habían iniciado sumarios para investigar y se encargó de aclarar que "ni la ministra ni nosotros estábamos al tanto de esta situación".
Así el fiscal -que tiene la causa junto con el juez federal Ariel Lijo- comenzará pidiendo a Capital Humano, en "carácter de urgente" documentación: solicitó copia del convenio marco firmado con la OEI y todas sus actas complementarias desde el 10 de diciembre pasado a hoy con “indicación de los montos asignados en cada caso” de todas las secretarías del Ministerio. También lo que hubieran firmado el organismo y la secretaría de Niñez y familia, los datos de los empleados contratados y lso instrumentos que respaldaron los mecanismos.
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