En otro giro en la relación del Gobierno con las prepagas, a casi diez días del acuerdo en Tribunales para determinar la devolución a los afiliados de los saldos que cobraron de más, ahora la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) les redujo a las prepagas un costo extra que les había aplicado por medio del Decreto 70/2023.
El artículo 284 del decreto en cuestión establecía que a las prepagas se les retendría un 20% del total de la cuota que cobran para destinarla al Fondo Solidario de Redistribución, una institución que recauda dinero para financiar tratamientos complejos y de alto costo, tanto en obras sociales como en prepagas.
Anteriormente, las prepagas sólo destinaban a dicho fondo el 15% de los aportes de cada uno de sus afiliados, por lo que el artículo 284 del DNU llegó a las empresas de salud a poner el grito en el cielo. Ahora, dicho artículo pasó a la historia y el aporte de las prepagas será como era con anterioridad al decreto.
Desde el Gobierno no consideran que la medida haya sido una concesión. Por el contrario, sostienen que la modificiación mejorará la aplicabilidad del capítulo de salud del decreto 70/2023, el cual tiene como objetivo, entre otras cosas, otorgar libertad a los beneficiarios para elegir su obra social o prepaga y así impulsar la libre competencia entre las empresas que ofrecen servicios de salud.
A pesar de lo que dicen desde el Gobierno, lo cierto es que son muy pocas las prepagas que hasta ahora estaban inscriptas en el registro que la SSS habilitó para que los afiliados, si así lo deseaban, pudieran derivar sus aportes directamente a la cobertura privada, sin necesidad de que exista cualquier otra clase de intermediarios.
Dentro del SSS consideran que los cambios recientemente implementados ayudarán a que las prepagas aceleren los procesos de inscripción, para poner fin a los intermediarios entre los beneficiarios y las empresas de medicina prepaga, las llamadas "cagas negras", tal como las califica el Gobierno.
De todas maneras, esta vuelta atrás respecto a los cambios que introducía el decreto no elimina la cuestión de fondo, que es el modo de funcionamiento de dichas intermedicaciones.
