A través de un comunicado publicado en sus redes, el Ministerio de Justicia informó que cerrará 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) a los que calificó como "otra caja de la política".
Según la cartera dirigida por Mariano Cúneo Libarona, "el Poder Ejecutivo determinó que los CAJ acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores en dependencias alrededor de todo el país, sin demostrar resultados y duplicando funciones", e informó que el costo de estos centros le costaban al fisco más de 8 mil millones de pesos por año.
El ministerio de Justicia, además, aseguró que en Argentina "todos los ciudadanos tienen garantizado el acceso a la justicia a través del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo y/o el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos".
El Poder Ejecutivo determinó que los CAJ acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores en dependencias alrededor de todo el país, sin demostrar resultados y duplicando funciones
La medida va en contra de la evidencia empírica de los estudios sobre acceso a la justicia, que indican que, al menos, el 70% de los hogares, pese a que padecen problemas que consideran graves, no accedieron a los servicios de un abogado.
Los principales obstáculos para los sectores de menores recursos, para quienes los Centros de Acceso a la Justicia brindan una asistencia indispensable, son la escasez de recursos económicos para pagar un abogado, el desconocimiento de las leyes, la falta de información sobre los proveedores de servicios jurídicos gratuitos y la no-visualización de las vías jurídicas como mecanismos de respuestas a ciertos problemas.
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