A través de la incorporación de tres funcionarios del Ministerio de Economía, Luis Caputo pasó a tener control sobre el Consejo de Administración del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social (FFVS) que hasta ahora dependía del Ministerio de Interior.
La decisión se confirmó con la publicación de la Resolución 450/2024 publicada hoy en el Boletín Oficial, según la cual se dispone que este fondo fiduciario esté integrado por los titulares de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda; la Subsecretaría de Hábitat y Vivienda y la Dirección Nacional de Planes de Vivienda, Infraestructura Urbana y Programas Reconstruir, todas ellas dependientes de Caputo.
El FFVS tiene como objetivo “financiar los programas vigentes de vivienda social e infraestructura básica, con fondo públicos, privados y de organismos internacionales, multilaterales o trilaterales”. Dicha cartera controlaba la conformación y las funciones del Consejo.
El fondo debe ocuparse de más de 100.000 viviendas del Plan Procrear, que siguen paralizadas con varias empresas constructoras en riesgo, entre las que se encuentran 17.000 viviendas del programa Desarrollos Urbanísticos de Procrear, 16.000 unidades de la línea Construcción y otras correspondientes a los programas Reconstruir y Casa Activa-Casa Propia, enfocados en jubilados.
Desde la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) confirmaron que la deuda del Gobierno con las empresas es de aproximadamente $55.000 millones.
Con la llegada de Milei al poder las obras se detuvieron en todo el país, lo que provocó el cese de puestos laborales. Gustavo Weiss, titular de la Camarco, señaló que “la deuda del Procrear es por obras ejecutadas el año pasado. El gobierno de Fernández había pagado bastante bien una parte de esas facturas, pero la obra ejecutada en septiembre, octubre y noviembre venció este año, y hasta ahora no se pagó nada”. De ese modo, las obras de construcción de unidades en desarrollos urbanísticos de Procrear y otros planes de viviendas sociales están sin actividad.
La deuda del Procrear es por obras ejecutadas el año pasado. El gobierno de Fernández había pagado bastante bien una parte de esas facturas, pero la obra ejecutada en septiembre, octubre y noviembre venció este año, y hasta ahora no se pagó nada
Gustavo Weiss
Weiss agregó: “Esto significó, por supuesto, el despido de operarios y seguramente algún ajuste en la estructura de mensualizados, como hicimos todos. El Gobierno nos dice lo mismo a todos: No hay plata, tienen que esperar, la prioridad ahora es el ajuste fiscal. Esa es la situación de la obra pública, en particular en Procrear”.
Para abordar la situación de las viviendas inconclusas, el Ejecutivo contempla un acuerdo con el sector privado. La intención es que el Gobierno concluya las obras con un avance del 80% y que las constructoras se encarguen del resto, recibiendo parte de las viviendas.
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