Una regla básica de la política exterior de las naciones, es el principio de no interferencia en asuntos internos. Este principio distingue claramente entre políticas de estado, que se vinculan entre sí por tratados internacionales que obligan con independencia del carácter de la administración que haya firmado ocasionalmente dichos tratados, y las políticas de gobierno que son partisanas, se asocian a ciertos intereses político/económicos locales, y que por ende involucran el ámbito interno de una nación.
Este principio permite preservar acuerdos económicos de largo alcance, da previsibilidad a políticas industriales, energéticas, etcétera. Y el núcleo del principio de no interferencia en asuntos internos de otra nación, es aceptar que la administración que gobierna esa nación es al menos competente para entablar relaciones con otros estados. Y esto es particularmente importante cuando la administración interna de esa nación vecina surge de un proceso democrático.
Y esto aparece como un tema central en las actuales relaciones entre la República Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia. En este caso con motivo de las declaraciones del presidente Javier Gerardo Milei, que puso en duda el intento fallido de golpe de estado recientemente producido en nuestra nación vecina, cuando el 26 de junio del presente año un grupo de militares, comandados por el general Juan José Zúñiga, ocuparon la plaza Murillo en el centro de la ciudad de La Paz, e intentaron tomar por asalto el Palacio Quemado, cede del poder ejecutivo boliviano, siendo ulteriormente reprimidos y detenidos.
Cómo reacción ante las declaraciones del presidente libertario, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia declaró que "Las desinformadas y tendenciosas aseveraciones sobre una posible existencia de presos políticos o la posibilidad de inexistencia de un golpe de Estado militar fallido constituyen un exceso y un negacionismo inaceptable...Bolivia ha decidido soberanamente vivir en democracia -agregó-, con características interculturales, por lo cual defenderla ante cualquier acto militar que amenace con tanques de guerra y militares armados al Gobierno constituido por el voto del pueblo, es claramente un golpe de Estado", activando a partir de esto, a llamar en consulta a Ramiro Tapia, embajador del vecino país en Buenos Aires. Se trata de una medida muy grave que puede preanunciar un congelamiento de las relaciones entre ambas naciones e inclusive una posible suspensión de ellas.
Y el problema con las declaraciones presidenciales es muy serio, no solo por lo que parece ser habitual en Milei, que transforma sus opiniones personales en declaraciones de Estado, sino porque estas declaraciones parecen alinearse con la posición que, en el concierto político boliviano, tiene la agrupación política que responde al expresidente Juan Evo Morales Ayma, quién ha expuesto respecto del intento de golpe de estado una opinión similar a la del presidente Javier Milei al sostener que: "El presidente Luis Arce engañó y mintió al pueblo boliviano y al mundo. Es lamentable que se use un tema tan sensible como la denuncia de un golpe”. Es decir, el gobierno argentino asume una visión partisana y parcial del proceso político boliviano, lo que obliga a este gobierno a tomar una posición tajante contra la no interferencia.
Y esto ocurre justo cuando "Energía Argentina S.A. firmó con Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) la novena adenda al contrato que las vincula para asegurar la provisión de gas natural para la demanda del Norte Argentino para los meses de agosto y septiembre del presente año”, justo cuando la producción gasífera boliviana está en crisis y obliga al gobierno de esta nación a tomar medidas muy prudentes en la administración de sus reservas gasíferas. Es decir, un conflicto diplomático puede poner en crisis la provisión de gas para las provincias del NOA en el resto del período invernal y la estación fría del año 2024.
Pero más allá de que el contrato de previsión gasífera que puede terminar, el Estado Plurinacional de Bolivia acaba de ser aceptado como miembro pleno del MERCOSUR, en una reunión a la que faltó el presidente Javier Milei, lo que no fue bien visto por los presidentes de las naciones asociadas.
Esto hace que un conflicto diplomático con una nación integrante del MERCOSUR, justo cuando se genera otro conflicto diplomático con la República Federativa de Brasil, parece una política casi deliberada de boicot hacia está asociación económica sudamericana, que aún con muchas dificultades y con problemas de instrumentación más complejos que los que se habían supuesto originalmente, es efectiva en numerosas áreas de nuestras economías nacionales.
Las relaciones con Bolivia deben ser recompuestas en forma inmediata. Argentina debe cesar en su asociación o alineación con fuerzas políticas locales de esa nación. Lo que supone una acción diplomática y política que no estaría ocurriendo ni al nivel de la cancillería ni al nivel de la presidencia.
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