Una nueva polémica envuelve al Gobierno en relación a los derechos humanos, ya que, según un decreto que salió en el Boletín Oficial, disolvió la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños durante la última dictadura militar, que tuvo lugar entre 1976 y 1983.
La misma formaba parte de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y fue cerrada debido a que, desde el Ejecutivo, consideraron que sus objetivos ponían en riesgo la división de poderes que establece la Constitución Nacional.
De esta manera, la medida se hizo oficial a través del decreto 727/2024, publicado hoy a la madrugada en el Boletín Oficial, derogando así el decreto 715 del 9 de junio de 2004, en el cual se creaba la mencionada unidad especial.
Cabe destacar que este ente tenía la tarea de asistir a todos los requerimientos de la CONADI, como a las “peticiones judiciales o provenientes de fiscales, que se formulen en las causas instruidas en ocasión de los hechos citados en el artículo precedente, como así también en las investigaciones conexas desprendidas de los expedientes principales, o que de cualquier manera se vinculen con ello”. No solo esto, sino que también podía llevar a cabo investigaciones por iniciativa propia, debiendo comunicar sus resultados a las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal (MPF).
En este sentido, el organismo podía acceder en forma directa a todos los archivos de los organismos dependientes del Poder Ejecutivo incluidos los de la Presidencia de la Nación, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sus organismos dependientes, “Fuerzas Armadas y de Seguridad y los organismos registrales”.
Finalmente, el Gobierno justificó esta medida asegurando, en la mencionada resolución, que es algo que violenta el régimen constitucional y no tiene sustento que un organismo dependiente del Ejecutivo lleve a cabo medidas “y tenga competencias que corresponden a otro poder del Estado”.
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