El gobierno libertario del presidente Javier Milei se encontró, durante el trámite de las leyes 27.742, denominada Ley Bases, y 27.743, denominada “Paquete Fiscal”, con la limitación de no tener un bloque legislativo propio, capaz de forzar votaciones en su favor. Esa situación proyecta una estrategia electoral que intentará, en las elecciones de medio término del año 2.025, incrementar el número de legisladores propios, ya que en ese caso la bancada libertaria no tendrá que renovar ningún legislador, al tiempo que tratará de abordar a los actuales aliados para mantenerlos en el nuevo período apuntado a las elecciones generales del año 2.027, en las que se intentará obtener una mayoría legislativa junto a la obtención de la reelección de la presidencia.
Pero en la política el futuro siempre se resuelve en el presente inmediato, y cada cambio circunstancial o cada alianza que se va conformando, afectan los mejores planes a futuro. Y la reciente invitación del gobernador de la Provincia de La Rioja Ricardo Quintela al gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, con motivo del juramento de la nueva Constitución de La Rioja, fue motivo de especulación dada las próximas elecciones de renovación de autoridades del Partido Justicialista, que tendrán lugar el próximo 17 de noviembre, en donde aparece el nombre del gobernador Quintela como un candidato de unidad para la presidencia del partido.
Pero esto permite presuponer algo más dinámico, y es la posibilidad de una fórmula presidencial Axel Kicillof- Ricardo Quintela para las elecciones presidenciales del año 2.027, dado que el gobernador de la provincia de Buenos Aires ya no tendrá reelección posible. La existencia de una fórmula que pueda unir voluntades críticas de la gestión libertaria, crea un escenario distinto al que había hasta días atrás en el cual el frente Unión por la Patria no parecía tener una oferta electoral claramente visible para esos comicios. Y esto puede precipitar la radicalización del conflicto entre la nación y la provincia de Buenos Aires, en el sentido de que el gobierno nacional encontrará más incentivos para poner la mayor cantidad de límites, dentro de los resortes institucionales al éxito de la gestión provincial de Axel Kicillof.
Recordemos que por el Decreto 192/2024, se derogó el artículo 4º del Decreto N° 735/2020, que había creado el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, una herramienta de política económica provincial que compensaba los desbalances que había en las transferencias por coparticipación federal, lo que obligó a la gobernación de la provincia a usar otros fondos de su presupuesto para las obras que iban a ser atendidas con estos recursos.
A ello se suma la disolución por el Decreto 699/2024 del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, en el cual participaban todas las provincias ribereñas que iban a tener control de los procesos de dragado y fiscalización de las vías navegables argentinas. Y eso motivó una fuerte crítica del gobernador de la provincia de Buenos Aires quien en su momento declaró “Desde la Provincia de Buenos Aires estamos en contra de la mirada centralista, unitaria y privatizadora del Gobierno Nacional. Defendemos el Federalismo y el rol del Estado en las decisiones estratégicas que afectan la soberanía nacional”.
Un resultado inmediato de la disolución de dicho ente, es la suspensión de las tareas del proyecto de dragado para incrementar el calado del canal de Magdalena y logar que esta vía navegable fuera una alternativa al actual canal de Punta Indio, y al mismo tiempo, que pudiera beneficiar a los puertos ribereños bonaerenses.
Esto pone a la provincia de Buenos Aires en una situación en donde, de tener que abordar esa obra, tendría que usar recursos propios y no recursos federales, que son los que habitualmente se aplican a las vías navegables por ser recursos nacionales. Y dada la saturación de demandas de financiación en el presupuesto provincial, este inevitablemente debería financiarse mediante nuevos impuestos, lo cuales podrían incrementar la crispación social en la provincia.
El juego de anticipar problemas y éxitos a futuro puede terminar siendo gravoso, y hasta contraproducente. La tensión entre la nación y la provincia puede tomar rumbos que no sean los que los gestores de los planes políticos del gobierno libertario creen que vayan a tomar, y es posible que el electorado bonaerense se encolumne contra aquellos que perciben como afectando su economía local.
Debería ocurrir lo contrario y deberían concurrir las fuerzas políticas nacionales y bonaerenses en la gestión del bien común provincial, pero parece que esto no sucederá y que el conflicto inevitablemente se instalará sin freno.
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