Después de que el Gobierno eliminara la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Conadi, que se encargaba de investigar la apropiación de bebés durante la última dictadura, la Justicia estableció que el Gobierno tiene 48 horas para explicar de qué manera resguardará la documentación que estaba en poder de UEI.
El juez federal Ernesto Kreplak solicitó que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación –a cargo del exjuez Alberto Baños– y la Conadi informen qué harán para guardar y preservar la documentación que poseía la UEI y qué organismo se encargará de la custodia de todo el material producido en las últimas décadas sobre de los crímenes de lesa humanidad.
El miércoles de esta semana, el Gobierno de Milei disolvió la Unidad que funcionaba dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) del Poder Ejecutivo, que se encarga de recuperar a los hijos y nietos apropiados durante la dictadura.
La Conadi, organismo que depende del Poder Ejecutivo, fue creada en 1992. En 2004, bajo el Gobierno de Néstor Kirchner, se firmó el decreto 715 en el que se creó la UEI, para que la Conadi pudiera llevar adelante investigaciones y acceder a los archivos y documentos oficiales.
Desde el Gobierno venían prometiendo con intervenir la Conadi, iniciativa a la que se vienen oponiendo las Abuelas de Plaza de Mayo hace meses, por considerar que iría en detrimento de la investigación y ralentizaría los procesos de devolución de identidad. Lo cierto es que la decisión oficial llega un mes después de que un grupo de diputados de La Libertad Avanza visitaran en Ezeiza a genocidas condenados, como Alfredo Astiz y Raúl Guglielminetti.
Desde Abuelas sostuvieron: "Como auxiliar de la Justicia, la Unidad evita la citación en sede judicial de hombres y mujeres –incluidos miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad–, así como también prevé la confidencialidad absoluta de estos procesos. Nunca, en estos 32 años de existencia de la Conadi, se filtró información acerca de alguna de las personas investigadas", en un comunicado tras conocerse la medida.
El Gobierno, por su parte, decidió eliminar la UEI de la Conadi bajo el argumento de que corresponde al Ministerio Público Fiscal (MPF) y no al PE la investigación, ya que este no tiene potestad para acceder a documentos públicos ni realizar investigaciones de esta índole.
Hasta ahora, con la UEI funcionando, la Conadi podía acceder en forma directa a todos los archivos de los organismos dependientes del Poder Ejecutivo incluidos los de la Presidencia de la Nación, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sus organismos dependientes, Fuerzas Armadas y de Seguridad y los organismos registrales.
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