Mi segundo hijo nació por cesárea porque decidí atarme las trompas, no quería otro embarazo. Pero todo fue una pesadilla… /su mirada se pierde/ no sé qué paso con la anestesia local en el momento del procedimiento, nunca me lo explicaron. La anestesia se fue, le dije a la doctora y respondió que tenía que aguantar, que lo hubiera pensado antes… /su tono de voz se entrecorta/ sentí cada segundo y el corte me ardía... Experimenté tanto dolor que hoy no soporto ni cortarme un dedo, todo me lleva a ese momento
Situaciones como la relatada por Laura son más comunes de lo que pensamos. Silencios, dolores no escuchados, cortes y ardores, culpas, recuerdos que son pesadillas. Sufrimientos variados durante la atención en los consultorios de salud de instituciones tanto públicas como privadas que son muestras de violencia gineco-obstétrica. Sufrimientos que, lejos de ser una cuestión privada o íntima de quienes gestan, son cuestiones políticas.
Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Violencia Gineco-Obstétrica? Para ello debemos remontarnos a los términos “violencia obstétrica” y “parto humanizado”. Empezando por este último, en el año 2000, un puñado de mujeres cis se reunieron para delinear los derechos que las personas gestantes deberían tener. Con una influencia del movimiento por la humanización del parto nacido en Brasil una década antes, estas activistas lograron presentar un proyecto de ley de “parto humanizado”. Allí se especificaron, por primera vez a nivel nacional, los derechos específicos durante el evento. El derecho al acompañamiento de una persona de elección durante la atención, a ser consideradas personas sanas, a ser informadas de los procedimientos bio-médicos realizados sobre sus cuerpos, a poder moverse según necesidades, entre otras cuestiones. El proyecto logró su sanción, a través de la ley 25.929, en el año 2004. Sin embargo, no obtuvo su reglamentación hasta once años después.
Debió pasar un tiempo más para que el término “violencia obstétrica” (VO) entrara en escena. Durante las discusiones implementadas por las activistas feministas argentinas en el año 2009 para la sanción de la ley 26.485, se encontró una oportunidad única. Con el antecedente de Venezuela, que había definido por primera vez en el mundo el concepto de VO, las feministas locales propusieron un artículo específico para la “Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”. El artículo 6° inciso “e” de la ley 26.485 definió a la VO como: “aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929”. Décadas de lucha feminista por lograr la decisión y el disfrute del propio cuerpo se plasmaban en este término, que fue definido como una modalidad específica de la violencia de género.
La VO, entonces, se refiere a los actos de abuso y falta de respeto en el contexto del embarazo, el parto y el nacimiento, incluyendo la violencia física y psicológica, la medicalización abusiva y la patologización de los procesos fisiológicos que implican la pérdida de autonomía sobre el cuerpo. Además de tratarse de una modalidad de la violencia de género, se refiere también a un tipo de violencia institucional, ya que ocurre principalmente dentro de las instituciones de salud. Si bien en muchos casos se enuncia la influencia de los organismos de salud internacionales y de las acciones médico-obstétricas en la garantía de la salud sexual y reproductiva, las activistas latinoamericanas quedan generalmente por fuera de este reconocimiento público. Borrar a las activistas de estos sucesos históricos implica un desconocimiento de la implicancia que las luchas en la calle tienen en las normativas, en las elaboraciones teórico-académicas y en la atención de la salud personal-comunitaria.
En Argentina en el año 2022 se creó la Campaña Nacional contra la Violencia Gineco-Obstétrica. Nacida como una continuidad de las agrupaciones dedicadas a la politización del parto anteriores a ella, es hija de los logros conquistados por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Con estos legados, además de identificarse como feminista, ha expandido los límites de la politización del parto en nuestro país. Es la primera organización que, por un lado, se bosqueja como una red nacional de activistas y que, por otro lado, habilitó la escucha del sufrimiento durante los eventos ginecológicos, además de los obstétricos. En el discurso principal de la Primera Marcha Nacional contra la VGO, organizada por la Campaña el 17 de mayo del año 2023, se definieron sus alcances. Leído en las distintas ciudades del país donde se replicó la marcha, en el discurso estuvieron presentes las violencias vinculadas al ámbito ginecológico, a la atención de abortos, la neonatal, la relacionada al duelo gestacional y perinatal. El discurso, además, resaltó el lugar de la Campaña en la visibilización de las violencias que atraviesan lesbianas, personas trans, no binarias, bisexuales y otras identidades sexo disidentes en los consultorios gineco-obstétricos. Dentro de los activismos del parto en el país, este posicionamiento es pionero. Articulando con las demandas de los colectivos LGBTIQ+, la Campaña expandió el significado de la violencia gineco-obstétrica, al manifestar los padecimientos que atraviesan personas con posibilidad de gestar que no se identifican como mujeres cis.
Las activistas, entonces, fueron fundamentales en la concreción de las dos leyes existentes de parto, y siguen politizando y redefiniendo el concepto de VO. En este caso, ampliando sus márgenes dentro del paraguas de la violencia de género.
Hace un mes, en agosto del 2024, la Campaña cumplió dos años de existencia. Nació en un contexto muy distinto al actual. En aquel momento fue posible presentar el proyecto de ley “Capacitación Obligatoria al Personal de Salud en materia de violencia gineco-obstétrica”. Hoy, en el marco de un gobierno de ultraderecha en Argentina, no solo el proyecto se encuentra frenado. Las entidades estatales que tramitaban las denuncias por violencia obstétrica han sido desarticuladas y/o eliminadas por el Estado Nacional (como el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo- INADI). Como si esto fuera poco, a ello se suma que los programas, iniciativas e instituciones públicas abocadas a la promoción de los derechos de la salud sexual y reproductiva en general, y del parto en particular, enfrentan el golpe de la desfinanciación y de los recortes presupuestarios del Estado Nacional. En el marco actual de graves ataques a las políticas públicas vinculadas a la violencia de género, así como a la salud pública, entre otros ataques a los derechos conquistados, resta preguntarnos: ¿de qué modo resistir? La Campaña nos invita a seguir armando una red nacional feminista en la que gestar, parir y abortar se comprendan como cuestiones políticas.
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