Rubén tiene setenta y seis años y está agotado. Levantarse de la cama esta mañana fue particularmente difícil, le duele cada músculo de su cuerpo y siente como si cien elefantes le hubiesen caminado por encima. No es para menos: por quinta semana consecutiva recibió maltratos, empujones, pisotones, gritos y golpes por parte de la Policía Federal. Y eso que podría haber sido peor: cuando tiraron gas pimienta, algunos de sus compañeros terminaron en el hospital.
Desde febrero de este año que las fuerzas de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, usan el gas pimienta Mk-9 Mangum Stream, traído directamente desde Estados Unidos para reprimir a los jubilados. Se conoce por producir un profundo dolor, deja la piel sumamente irritada y puede conseguirse en cualquier página de internet de compra y venta: en Mercado Libre cada tubo cuesta aproximadamente $230.000, casi lo mismo que una jubilación mínima -a fecha de octubre 2024, sin el bono-.
Es también desde febrero que los integrantes de la agrupación Jubilados Insurgentes se cuadruplicaron. En medio de políticas de ajuste y hambre, a los adultos mayores no les queda otra que salir a poner el cuerpo en la calle, organizarse y luchar para pedir políticas que les den un respiro a sus bolsillos. Como si fuera poco, se enfrentan a represiones cada vez más violentas y ninguneos por parte del Gobierno, que tras el veto a la reforma previsional, dejó una obscena postal comiendo asado con los “87 héroes” que apoyaron la medida.
Si bien el grupo se formó en 2016, ahora están más activos que nunca. Todos vienen de trabajar toda su vida: hay obreros, ingenieros, arquitectos, empleados telefónicos, bioquímicos y médicos (/as), la mayoría de entre 60 y 80 años. Muchos de ellos ya vienen de organizaciones sociales y participaciones en sindicatos, aunque cada vez es más común que se sume gente sin militancias previas que desamparada por el Estado, encuentra en la agrupación un lugar donde caer. Son asamblearios: todos los lunes se reúnen por Meet, toman decisiones y las ejecutan.
Así es como Rubén y sus compañeros todos los miércoles a las 15 horas se juntan en las afueras del Congreso de la Nación para movilizarse bajo consignas como “Jubilados, carajo” y “¿A dónde está esa famosa CGT?”. Sin cortar la calle, los insurgentes reparten volantes, cantan y se paran frente a los autos que pasan por Av. Rivadavia para ser escuchados. No sólo luchan por los millones de jubilados que si van a la farmacia después no saben cómo van a comer porque tuvieron que pagar lo que antes era gratis, sino también por los trabajadores en actividad, los estudiantes y los desocupados. Esta semana por ejemplo, estuvieron apoyando la Marcha Federal Universitaria al canto de “que cagazo que cagazo, obreros y estudiantes como en el cordobazo”.
A pesar de los tres stents que tiene colocados en el corazón, a Rubén -metro ochenta de altura- no le da miedo enfrentarse con la policía. Estuvo en la mañana de lo que fue la masacre de Plaza de Mayo del 20 de diciembre de 2001, se ligó unas bombas de gas lacrimógeno e incluso fundó una de las asambleas, la de Saavedra. Cuando ahora se encuentra con los efectivos de Bullrich, les pregunta: “Cuando llegan a sus casas, ustedes les cuentan con orgullo a sus familias que cagaron a palos a los abuelos?”. Él opina que no les responden porque ‘se les cae la cara de la vergüenza’.
La realidad es que Javier Milei pasó la motosierra por muchos sectores para alcanzar su tan querido equilibrio fiscal, aunque quedó claro que el ajuste no fue sobre la casta. Según informó el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), el Presidente recortó el gasto en Seguridad Social en un 14,5% real, afectando las jubilaciones y pensiones al eliminar la fórmula de movilidad y vetar el incremento del 7,2%.
Además, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) bajo la ley vetada se esperaba que la jubilación mínima aumentara un 35,5% en septiembre de $234,540 a $317,704, sin contemplar el bono que desde marzo está congelado en $70.000. Según consignó al respecto el economista de CEPA Hernán Letcher en su cuenta de Twitter, en el trimestre septiembre-noviembre 2024, la jubilación mínima con bono se ubicará 14% por debajo del mismo período de 2023.
Esto se refleja en el cotidiano de los jubilados, quienes ya no pueden costear alimentos, medicamentos o incluso alquileres: “Este mes tenía que comprar un remedio pero lo aumentaron tanto que no lo voy a comprar”, dice Rubén, que como es técnico electromecánico, cada tanto lo llaman para hacer alguna changuita que le permita llegar a fin de mes y organiza actividades desde la biblioteca José Ingenieros, de Villa Crespo. A pesar del difícil contexto, los Jubilados Insurgentes se ayudan entre ellos y compran remedios o hacen vaquitas para alguno que necesite. Por ejemplo, recientemente lograron la entrega de medicamentos oncológicos a compañeros a los que se los habían quitado.
“Sabemos lo que es tener necesidades”, acota Rubén e ironiza: “Pero qué le vamos a hacer si quien está en el Gobierno nos dijo ‘viejos meados ‘. No le importa nada”. De todas formas, se llena de angustia cuando recuerda que su padre vino en 1935 desde Italia “corrido por el fascismo” y ahora él está “otra vez luchando contra los fascistas".
No es la primera vez que Rubén organiza a los jubilados. Colaboró en la creación de Jubilados Autogestionados, un grupo que estuvo activo durante varios meses haciendo actividades frente al Congreso. A medida que más personas se unieron, decidieron formar un grupo más grande: los Insurgentes.
“El otro día miraba un video de algunos años atrás, cuando nosotros dábamos nuestra habitual vuelta al Congreso pero siendo muchos menos y nadie nos decía nada, la gente nos miraba como diciendo ‘qué hacen estos viejos locos’. Pero nosotros seguimos dando la vuelta. Esta semana fuimos casi 2000 jubilados en el Congreso. Definitivamente la fuerza que va a seguir creciendo”, concluyó el insurgente.
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