El fiscal federal Sergio Mola pidió hoy que indaguen a Martín Insaurralde por lavado de dinero y, además, el juez federal Ernesto Kreplak solicitó que en 10 días justifique sus bienes en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito.
Todo empezó un año atrás, cuando Sofía Clerici subió fotos a sus redes sociales junto al exintendente de Lomas de Zamora, mientras ambos viajaban por el en un yate y tomaban champagne en Europa. Ahora, en el documento que lleva la rúbrica de Mola junto a la PROCELAC, comandada por Diego Velasco, que es la fiscalía especializada en lavado de dinero, repasaron todo el patrimonio tiene Insaurralde. En este sentido, hay información sobre los 75 viajes que hizo al extranjero el exjefe de Gabinete de la Provincia, de la compra de inmuebles por medio de testaferros y del uso de vehículos que no están a su nombre.
No solo esto, sino que el fiscal pide las indagatorias de los hijos del dirigente político, Martín Luciano Insaurralde y Rodrigo Agustín Insaurralde; de su ex esposa Carolina Álvarez, de su sobrino Gastón Barrachina y de Víctor Donadio.
Según el fiscal, todos ellos habrían puesto en circulación "fondos provenientes de actos de corrupción vinculados al ejercicio de las distintas funciones públicas ejercidas por Martín Insaurralde evidenciados por situaciones de incompatibilidad, conflictos de interés y el incremento patrimonial apreciable que no encuentra correlato con sus ingresos lícitos".
Además, en el documento evidencia que solo en 2022 y 2023 el también exdiputado gastó en vuelos internacionales de línea y privados, aproximadamente 98.133, dólares “siendo esta cifra un monto inafrontable para una persona que desarrolló toda su vida económicamente activa en la función pública”.
Finalmente, el fiscal sostiene que estos fondos tendrían su origen en actos de corrupción vinculados a los cargos públicos que ejerció desde, al menos, el año 2003 y habrían sido integrados al sistema económico formal mediante mecanismos que ocultan su verdadero origen. “Entre los principales elementos que darían cuenta de ello se comprobó un incremento patrimonial apreciable que no encuentra justificación en sus ingresos legítimos, preponderantemente derivados de sus distintos roles en la función pública”, concluyó.
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