El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, emitió una orden de extradición para las decenas de seguidores de Jair Bolsonaro, que están en la Argentina y que están siendo investigados o fueron acusados por el ataque a la Plaza de los Tres Poderes de la democracia, ocurridos el 8 de enero de 2023.
Ese día ocurrió abiertamente un intento de golpe de estado contra Lula da Silva, quien había asumido el poder apenas siete días antes, por parte una turba partidaria del ex presidente Bolsonaro. Fue un modelo casi identico al asalto al Capitolio de Estados Unidos por parte de una multitud de seguidores de Donald Trump, ocurrido el 6 de enero de 2021.
La medida tendrá una importante influencia en la relación entre Brasil y la Argentina por el mal vínculo que siguen manteniendo Lula y Javier Milei. Por el momento, las cancillerías de Brasil y de Argentina evitaron comentar la decisión de De Moraes por considerarla una medida “judicial”, aunque fuentes cercanas al mandatario indicaron meses atrás que si hay personas perseguidas por "cuestiones políticas" en Brasil merecen refugio.
La relación bilateral se mantiene al nivel de los cancilleres Diana Mondino y Mauro Vieira y de los embajadores Daniel Raimondi y Julio Bitelli. Nadie arriesga a aún a confirmar una bilateral entre Lula y Milei en Río de Janeiro, donde se desarrollará la Cumbre del G20 que va a tener lugar el 18 y 19 de noviembre, y a donde , esta vez, Milei se haría presente, tras faltar a la cumbre del Mercosur para no encontrarse con Lula.
Se estima que son 60 los militantes bolsonaristas que pidieron refugio en la Argentina, aunque el Gobierno se niega a dar esos datos. Argentina había compartido con Brasil una lista que también rondaba ese número, pero hay quienes sostienen que pueden llegar a 80. Los prófugos están procesados y acusados por el asalto a los edificios del Planalto (Presidencia), al Congreso y al mismo STF.
Esos bolsonaristas pidieron asilo ante la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) que integran Cancillería, Seguridad, Interior a través de Migraciones. Con ese trámite, consiguieron un alto nivel de protección política. Pero en Brasil consideran que esos delitos están encuadrados en la ley antiterrorista, lo cual les puede implicar más de una decena de años de cárcel.
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