La justicia ordenó la detención del CEO de Wenance, Alejandro Muszak, procesado como jefe de una asociación ilícita y estafas reiteradas en 524 hechos, por lo que deberá regresar a prisión, pese a haber pagado una fianza millonaria.
La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, integrada por Rodolfo Pociello Argerich, Ricardo Pinto y Hernán López, confirmó, de forma parcial, el procesamiento dictado por la jueza en lo criminal y correccional Paula González en junio pasado, en una investigación en la que también interviene la fiscal Mónica Cuñarro.
En la misma resolución, los camaristas definieron que deberá cumplir prisión preventiva, por lo que ordenaron su inmediata detención. Al mismo tiempo, confirmaron el embargo sobre el dinero y/o bienes de Muszak hasta cubrir la suma de nueve mil millones de pesos.
La decisión de la Cámara sobre la prisión preventiva también recayó sobre los otros acusados Paola Adriana Vallone, Pedro Luis Viggiano y Rodolfo Cleto García por su presunta vinculación con delitos de asociación ilícita y estafa reiterada.
La cámara sostuvo que existía peligro de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación por lo que aceptó la solicitud de detención y prisión preventiva, destacando la gravedad y el daño patrimonial significativo causado a numerosas víctimas.
Según esta causa, Muszak lideraba una asociación ilícita que operaba a través de un entramado de sociedades destinadas a captar inversiones falsas, prometiendo retornos económicos que en realidad no podían garantizar.
La jueza González, en el procesamiento, aseguró que sus víctimas "les confiaron dinero en moneda nacional y extranjera (dólares y euros) bajo las figuras de contratos de mutuo, préstamo e inversiones en distintos fideicomisos (instrumentados por VDFs y certificados globales), con la promesa de ser invertidos y retornado a cambio del pago de atractivas tasas de interés, que oscilaban en pesos entre el 90% y el 150 % y en dólares del 14% aproximadamente”.
Les confiaron dinero en moneda nacional y extranjera bajo las figuras de contratos de mutuo, préstamo e inversiones en distintos fideicomisos, con la promesa de ser invertidos y retornado a cambio del pago de atractivas tasas de interés, que oscilaban en pesos entre el 90% y el 150 % y en dólares del 14% aproximadamente.
“Sin embargo, a partir del mes de junio de 2023 dejaron de abonar los intereses pactados y tampoco devolvieron el capital invertido. Para ello se valieron de un complejo entramado societario que les permitió, el despliegue de estas maniobras orientadas a perjudicar a los damnificados, en beneficio propio y/o de terceros. Estas acciones ocasionaron un perjuicio cuyo monto global arribaría a la suma de $ 1.850.925.603,74 (pesos), la suma de U$S 7.000.270,52 (dólares estadounidenses) y y la suma de € 117.292 (euros) correspondiente al capital invertido”, continuó.
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