La Cámara de Casación de Entre Ríos dispuso hoy la prisión preventiva inmediata de Sergio Uribarri, quien fue Gobernador de esa provincia en el período 2007 y 2015 y había sido condenado a ocho años en el 2022 por el delito de corrupción e inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida. La medida regirá hasta tanto la sentencia quede firme, en la que se lo involucra en cinco causas.
La decisión de la Cámara de Casación de Paraná, a través de un escrito de 74 páginas, fue revocar un fallo del Tribunal de Juicio que le había impuesto otras medidas restrictivas. Este nuevo fallo está firmado en forma unánime por los vocales de la Cámara, Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo.
Urribarri, quien fue nombrado embajador en Israel durante el gobierno anterior de Alberto Fernández, cargo que debió dejar tras la condena, se encontraba en su residencia en Concordia cuando personal policial fue a detenerlo y lo trasladaron a la Unidad Penal 1 de Paraná. Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri que también fue condenado en la causa, fue detenido en Paraná, y luego lo trasladarán al mismo centro penal.
El abogado defensor del exgobernador peronista, Leopoldo Cappa, adelantó que apelarán la decisión de Casación, aunque aclaró que este recurso “no suspende” la detención de Urribarri y su cuñado. Esto se debe a que la Cámara hizo propios los planteos de la Fiscalía sobre los riesgos de fuga que estaban latentes tras la sentencia, y el encuadre que los tratados internacionales firmados por Argentina dan a las causas de corrupción.
¿Por qué fue condenado Urribarri?
En abril de 2022, Urribarri fue condenado a ocho años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado en las cinco causas que se tramitaron desde septiembre del año anterior en los Tribunales provinciales.
Las acusaciones surgieron tras la instalación de un parador en la playa La Perla de Mar del Plata en enero de 2015, la difusión en medios nacionales de spots relacionados con la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en diciembre de 2014 y la publicación de una solicitada contra los fondos buitres. Según el fallo, eran montajes para pagar con recursos del Estado la campaña de Urribarri para posicionarse como uno de los candidatos a disputar la sucesión de Cristina Kirchner en la presidencia de la Nación.
También se apuntó contra Urrubarri, por un esquema de cartelización de publicidad en vía pública en favor de las empresas que la Justicia entendió eran operadas por personas a las que se consideró testaferros de su cuñado, Aguilera. Por último, se lo condenó por la contratación de publicidad oficial a través de una empresa denominada Global Means, sin haber cumplido con los requisitos formales para ello.
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