El 26 de enero de 2025 quedó marcado como un día clave en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, con tensiones que escalaron desde la mañana y terminaron en un acuerdo diplomático de último momento. Todo empezó cuando el presidente colombiano, Gustavo Petro, decidió bloquear el aterrizaje de dos aviones militares estadounidenses que iban a deportar a 160 colombianos en situación irregular desde el país del norte.
Esta jugada del mandatario colombiano, vista como un gesto de resistencia y defensa de la soberanía nacional, desató una rápida respuesta de la administración de Donald Trump, que no tardó en aplicar sanciones económicas y restricciones migratorias, afectando desde el comercio hasta los funcionarios del gobierno colombiano.
Un acuerdo de último minuto entre Trump y Petro
Después de una jornada marcada por reuniones de emergencia y cruces diplomáticos, la Casa Blanca anunció, cerca de las 10 de la noche, que se había llegado a un acuerdo. Según lo informado, Colombia aceptó recibir a los deportados sin restricciones, mientras que Estados Unidos suspendió las sanciones económicas y arancelarias, aunque dejó en pie ciertas restricciones migratorias como las visas revocadas y controles reforzados en las aduanas.
Para garantizar el regreso de los colombianos, el Gobierno de Petro puso a disposición el avión presidencial, asegurando condiciones dignas para los deportados. Además, el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador en Washington, Daniel García-Peña, viajarán a la capital estadounidense para profundizar en los acuerdos.
La decisión inicial del líder sudamericano de rechazar los vuelos fue interpretada como una postura firme frente a las presiones del presidente norteamericano, y desde su cuenta de X (antes Twitter) escribió mensajes defendiendo la dignidad de los colombianos y cuestionando las políticas migratorias estadounidenses.
Sin embargo, las represalias fueron contundentes. Entre las sanciones, Trump aplicó aranceles del 25% a las importaciones colombianas y activó medidas financieras bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (Ieepa), lo que llevó al gobierno colombiano a buscar una salida negociada para evitar mayores consecuencias.
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