Preocupación causó el anuncio de Javier Milei, ratificado por Manuel Adorni, de retirar al país de la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a las recomendaciones sanitarias que hizo el organismo durante la pandemia.
Y aunque desde el Ministerio de Salud, dirigido por Mario Lugones, aclararon que elaborarán (recién ahora) los informes técnicos para evaluar las implicancias prácticas de la decisión y aseguraron que esta no tendría efectos económicos sobre el sistema sanitario argentino, son varios los expertos que no creen esa versión y anticipan un escenario complicado.
“Los vínculos materiales, en algún punto, por los pedidos que se puedan hacer (para medicaciones de alto costo o vacunas) son a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que depende de la Organización de Estados Americano (OEA). Con lo cual, irnos de OMS no es irnos de OPS”, aseguró el ministro Lugones.
Para Adolfo Rubinstein, su antecesor en el cargo durante el gobierno de Mauricio Macri, el panorama es completamente distinto: “Es una decisión lamentable y profundamente equivocada del Gobierno, tomada, a mi juicio, sin mucho análisis ni consideraciones sanitarias, sin mencionar que es un tremendo error político y estratégico”, dijo.
Es una decisión lamentable y profundamente equivocada del Gobierno, tomada, a mi juicio, sin mucho análisis ni consideraciones sanitarias, sin mencionar que es un tremendo error político y estratégico
La salida del país, según Rubinstein, tendría efectos desfavorables “en la cooperación científica y regulatoria, como la reducción en la capacidad de participar en proyectos de investigación globales en salud pública, o dificultades para que organismos regulatorios de Argentina sean reconocidos internacionalmente, por ejemplo, para la certificación de medicamentos y vacunas".
En esa línea, el bloque opositor de Unión por la Patria presentó un documento de rechazo en el que aseguran que la medida “significaría encarecimiento de los costos en la compra de vacunas e insumos sanitarios, desvinculación con instituciones de salud científico-tecnológicas de otros países, menor acceso a información, desacople de políticas públicas regionales, entre otras consecuencias con impacto directo en la salud de nuestra población”.
Con ese panorama, la discusión se centrará principalmente en la facultad del Ejecutivo para avanzar en este camino, que seguramente será imputada por el Congreso.
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