El Gobierno declaró nula la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná, uno de los proyectos más relevantes para el país, y pidió que se investigue a fondo la única empresa que presentó una oferta. La administración acusó a la firma DEME de actuar de manera ilegal y afirmó que el proceso licitatorio estuvo marcado por presiones externas y denuncias de falta de transparencia.
En una conferencia de prensa en Casa Rosada, Manuel Adorni detalló que la única oferta que se recibió por la hidrovía fue la de DEME, empresa que previamente había levantado denuncias por supuestas irregularidades y que, en un giro inesperado, desistió de continuar en la licitación poco antes de la presentación formal de su propuesta.
La Hidrovía es una de las reservas hídricas más importantes para la exportación de productos argentinos, y, según Adorni, el Gobierno había establecido como condición que, si solo se presentaba un oferente, se cancelaría la licitación.
A pesar de que 11 empresas se inscribieron inicialmente y realizaron consultas formales e informales, ninguna otra presentó una oferta concreta para la hidrovía. Esto generó sospechas y alimentó las críticas de sectores políticos y empresariales, que acusaron al Gobierno de haber direccionado el proceso hacia la actual concesionaria, Jan de Nul, que finalmente no participó.
El Gobierno se defendió asegurando que, a pesar de las impugnaciones y las denuncias de direccionamiento, la legalidad del proceso fue validada por la justicia en tres instancias. No obstante, ante la falta de competencia real, Adorni subrayó la necesidad de llevar a cabo una investigación para determinar si DEME ejerció presiones sobre otros posibles competidores y si existió alguna acción ilícita en perjuicio del Estado y los productores argentinos.
El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, también intervino en la conferencia para respaldar el proceso, afirmando que la licitación había sido administrada de forma transparente. Sin embargo, destacó que un “grupo de vivos” habría operado para vaciar la oferta y frustrar la licitación, perjudicando a los productores argentinos al impedir una comparación de ofertas económicas.
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