La justicia federal de La Plata ordenó la suspensión del decreto 116/2025, que dispuso la conversión del Banco Nación en una sociedad anónima, y prohibió toda acción administrativa tendiente a su implementación hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
La medida cautelar interina fue dictada en el marco de una causa en la que se cuestiona la legalidad de la privatización de la entidad. El fallo, firmado por el juez Alejo Ramos Padilla, sostiene que la transformación del Banco de la Nación Argentina (BNA) en sociedad anónima podría contradecir lo establecido por la Ley 27.742, la famosa Ley Bases, que explícitamente excluyó al banco de la lista de entidades sujetas a privatización.
Además, el juez resaltó que cualquier cambio en la estructura jurídica del Banco Nación debe ser aprobado por el Congreso Nacional. En su resolución, el magistrado destaco que el Banco Nación es una entidad autárquica cuya creación y eventual modificación corresponde exclusivamente al Poder Legislativo, y que el Ejecutivo podría haber excedido las facultades delegadas por el Congreso.
La decisión judicial establece que el Estado Nacional y el Banco Nación deberán abstenerse de ejecutar cualquier acción tendiente a aplicar el decreto y les otorga un plazo de cinco días para presentar un informe detallando el interés publico comprometido en el caso.
La medida se adoptó en respuesta a una presentación de un grupo de trabajadores del banco que argumentaron que el decreto firmado por el Poder Ejecutivo representa un "intento solapado" de privatización. El decreto cuestionado establecía que el Banco Nación pasaría a operar bajo la normativa de la Ley 21.526 de Entidades Financieras y enmarcaba la transformación dentro del proceso de reorganización estatal promovido por el Gobierno. Asimismo, habilitaba al Ministerio de Economía a suscribir el capital social de la nueva sociedad y a dictar las normas complementarias para su funcionamiento.
El juez consideró que la medida cautelar interina era necesaria ante la posibilidad de que la transformación de la entidad en sociedad anónima derive en la perdida de su carácter publico y permita la eventual incorporación de capitales privados, lo que podría generar "consecuencias jurídicas, económicas y sociales irreversibles".
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