Luego de que la jueza Karina Andrade ordenara la liberación de la amplia mayoría de los más de 100 detenidos debido a faltas de pruebas de delitos, desde el gobierno de Javier Milei salieron a criticarla duramente. Desde la Casa Rosada la acusaron de “militar la impunidad” y dijeron que pedirán una investigación sobre su actuar en el Consejo de la Magistratura.
Andrade, a cargo del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N°15 de la Ciudad de Buenos Aires, resolvió la liberación de 114 de los 118 detenidos tras una presentación de la Defensoría Pública y dejó en claro que las detenciones violaron derechos constitucionales básicos. Ante esto llegó la reacción libertaria.
“La jueza Karina Giselle Andrade dio la orden de liberar a los 114 detenidos que junto a muchos otros ayer destruyeron la ciudad de Buenos Aires y atacaron a las fuerzas de seguridad. La Justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en la Argentina. Los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices”, planteó el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
Más temprano, había cargado contra Andrade el jefe de Gabinete, Guillermo Francos: “Debiera funcionar la aplicación de la ley con más dureza. Si se detienen 130 o 140 personas, no sé exactamente el número, y en pocas horas una jueza dice que como estaban defendiendo derechos, no se puede fijar la flagrancia si no se vulnerarían derechos… Si se entiende la ley de esa manera es muy difícil combatir la violencia de sectores extremos porque en definitiva la Justicia los libera”.

Se sumó luego el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien le adjudicó los desmanes a “barras bravas” que participaron de la movilización: “No se trató de una protesta ni del ejercicio de la libertad de expresión, se trató de delincuentes cometiendo delitos a la vista de toda la sociedad. Sin embargo, la jueza de la Ciudad Karina Andrade en lugar de investigar quién envió a esos barras a sembrar el caos decidió liberarlos en menos de ocho horas”.
De esta manera, el ministro de Justicia adelantó que el Gobierno pedirá que investiguen su accionar: “Se analizará su actuación ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad por posible incumplimiento de sus funciones”.