Irónicamente, un día después del 24 de Marzo murió "El Turco Julián", torturador de El Olimpo y tres veces condenado por delitos de lesa humanidad en la última dictadura cívico-militar. Cabe destacar que el genocida se encontraba cumpliendo su condena a prisión perpetua en la Unidad N° 34 del Servicio Penitenciario Federal, ubicada en Campo de Mayo.
El Turco Julián fue uno de los torturadores que operó en el Centro de Detención Clandestino Olimpo, ubicado sobre la calle Ramón Falcón, entre Lacarra y Olivera. Allí recibía a sus víctimas rodeado de cruces esvásticas y con un brazalete nazi en su brazo.
El genocida fue uno de los primeros represores que llegó a juicio, debido a que fue en su casa donde se declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. Aunque hace mucho tiempo que venía reclamando su prisión domiciliaria, la Cámara Federal de Casación rechazó su pedido el 11 de marzo pasado, ya que no podía dar precisiones del domicilio en el que se alojaría.
Retrocediendo en el tiempo, en 2006 se hizo el primer juicio en su contra. Allí condenaron a El Turco Julián a 25 años de prisión por secuestro, tortura y desaparición forzada, en noviembre de 1978, de José Poblete y Gertrudis Hlaczik. Por si fuera poco, también fue condenado por el secuestro de su hija Claudia, quien en aquel entonces tenía ocho meses de vida.

Durante el juicio, el tribunal decidió exhibir una entrevista televisiva que había dado el torturador en 1995, en plena vigencia de las leyes que le otorgaron años de impunidad. En la grabación se observa como el Turco Julián dice que el criterio general era matar a todo el mundo. "Volvería a hacer cada una de las cosas que hice durante la dictadura", añadió.
Su primera condena a perpetua por lo sucedido en El Olimpo fue recién en diciembre de 2010. Los delitos que encontraron los jueces para describir lo hecho por el Turco Julián fueron: "Homicidio calificado por su comisión con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con el de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, por mediar violencia y amenazas, como así también por su duración de más de un mes, en concurso ideal con el de imposición de tormentos".