El juez Roberto Gallardo le ordenó al Gobierno de la Ciudad que custodie la movilización de jubilados convocada para este miércoles frente al Congreso y, al mismo tiempo, le prohibió al Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich hacerse cargo del operativo.
La decisión judicial llegó después de un pedido conjunto de la CGT y la UTEP, para evitar que se repita lo que pasó el 12 de marzo, cuando la Policía Federal la marcha de jubilados en la que hubo más de 100 detenidos y terminó gravemente herido el fotógrafo Pablo Grillo. Para Gallardo, las fuerzas de Bullrich actuaron sin permiso y fuera del área que les corresponde.

En su fallo, el juez fue claro: la Ciudad tiene que hacerse cargo "de manera autónoma" del operativo para garantizar el orden público sin cercenar el derecho a protestar. Y al Gobierno nacional le mandó un mensaje explícito: "Abstenerse de intervenir e interferir en la autonomía de la Ciudad", escribió.
El planteo fue presentado por los judiciales Julio Piumato y Maia Volcovinsky, junto al referente de la UTEP, Alejandro "Peluca" Gramajo, quienes remarcaron que el accionar de las fuerzas federales fue ilegal y violento. Gallardo les dio la razón y sostuvo que el riesgo de una nueva represión no es una fantasía, sino algo bien real y basado en antecedentes.

"No se trata de una especulación. Hay hechos concretos de represión en manifestaciones anteriores, en las que las fuerzas federales se movieron más allá del Congreso, metiéndose por zonas donde no les corresponde estar", sostuvo el juez. Y aprovechó para recordar que la Ciudad no adhirió al protocolo antipiquetes que sacó Bullrich en diciembre.
Para el magistrado, la actitud del Ministerio de Seguridad viene siendo avasalladora y excesiva, y por eso decidió ponerle un freno. Finalmente, hay que resaltar que la marcha de este miércoles, que se hará un día antes del paro general convocado por la CGT, promete tener una presencia fuerte de sindicatos y organizaciones sociales.