La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), presentó este jueves una denuncia penal por presunta evasión fiscal agravada contra el senador Sergio Raúl Vargas, representante de La Libertad Avanza. La misma fue radicada ante el Juzgado en lo Penal Económico N°11, a cargo de la jueza Verónica Straccia, bajo el expediente 249/2025.
Según detalla la presentación judicial, Vargas no habría podido justificar incrementos patrimoniales detectados en sus declaraciones juradas correspondientes al período fiscal 2022, tanto del Impuesto a las Ganancias como del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Desde el organismo recaudador señalaron que el caso adquiere una gravedad particular debido al doble rol institucional del denunciado, quien además de ejercer como legislador provincial, cumple funciones dentro de la Dirección General de Aduanas (DGA).
“El contribuyente ha desplegado un ardid tendiente a disminuir los montos de los impuestos a ingresar al fisco y, de esa manera, evadir parcialmente el pago de aquellos”, señala el escrito presentado ante la Justicia.
La DGI sostiene que el senador libertario habría omitido declarar operaciones alcanzadas por el IVA, lo que le habría permitido reducir el débito fiscal y subestimar las ganancias obtenidas durante el ejercicio económico en cuestión.
La maniobra fue detectada tras una verificación en la que surgieron inconsistencias entre los consumos realizados con tarjetas de crédito y débito y los montos declarados en su presentación original del Impuesto a las Ganancias del año 2022.
En números concretos, el organismo estimó una deuda de $2.337.224,40 por IVA y de $3.895.374,01 por Ganancias, ambas correspondientes al ejercicio 2022. Vargas fue notificado de las irregularidades a mediados de enero y presentó documentación complementaria a comienzos de febrero. Sin embargo, las diferencias entre lo declarado y lo efectivamente gastado por el senador de La Libertad Avanza persistieron.
Como resultado, se estableció un plan de pagos para regularizar los saldos adeudados. No obstante, desde ARCA advirtieron que esos planes no extinguen ni suspenden la acción penal, por lo cual se procedió con la denuncia correspondiente.
“Cabe señalar que los referidos planes se encuentran en estado vigentes, no habiendo operado a la fecha el vencimiento de ninguna de sus cuotas. Asimismo, debe señalarse que la reglamentación por la que se solicitaron los acogimientos no prevé beneficios de extinción o suspensión de la acción penal”, sostiene la presentación judicial.
Frente a este panorama, ARCA solicitó a la Justicia que Vargas sea citado a indagatoria, que se eleve la causa a juicio y que se aplique la pena máxima prevista por el artículo 1° del Régimen Penal Tributario (Ley 27.430), que contempla entre dos y seis años de prisión para quienes cometan este tipo de delitos. En caso de que la causa no avance en el fuero penal, desde el organismo informaron que se evaluarán otras sanciones administrativas correspondientes.
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