AFAT expresó su profunda preocupación por la eliminación abrupta del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) para maquinaria agrícola. "La forma de implementación de esta medida establecida en el Decreto 273/25 generará impactos económicos, sociales y ambientales adversos significativos para el país", explicaron.
Y continuaron: "Las empresas de AFAT son protagonistas esenciales de la producción agropecuaria argentina, y llevan invertidos miles de millones de dólares, desde hace más de cinco décadas, en el desarrollo, fabricación local y distribución de maquinaria agrícola de última generación, ofreciendo equipos cada vez más eficientes y sustentables, brindando servicio 24x7, con presencia en más de 500 puntos a lo largo y ancho del país, con 12 plantas fabriles instaladas en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba y generando 16.700 empleos entre plantas, red de distribución y proveedores".
Aclarando que la renovación del parque de maquinaria agrícola es esencial para aprovechar los desarrollos tecnológicos que generan saltos de productividad inmediatos y mantener estándares de calidad y seguridad.
Las empresas indicaron que "comparativamente una máquina nueva es, como mínimo, un 25% más productiva que la que se utilizaba 10 años atrás. Dada la antigüedad del parque de maquinaria agrícola argentino, donde más del 70% las cosechadoras tienen más de 10 años de antigüedad, al igual que el 80% de los tractores, Argentina está frente a una oportunidad inmediata para incrementar su producción y exportaciones de una campaña a otra sin incrementar el área sembrada".
Maquinaria agrícola usada importada
"No se debe pasar de un extremo al otro, ya que se estaría favoreciendo a un sector de la sociedad en detrimento de emprendimientos e industrias que están en el país hace muchísimos años lidiando con impuestos injustos", argumentaron.
Es por ello que desde AFAT sostienen que "nos encontramos ante una medida que impide una competencia genuina ya que introduce una clara asimetría entre la producción y distribución local, y la importación de maquinaria usada -que no cuenta con garantía ni trazabilidad alguna- proveniente de economías subsidiadas y con cargas sensiblemente menores, tanto en materia fiscal, como en costos laborales; condiciones superiores en financiamiento y promoción de la producción y de la comercialización; en los seguros y en la logística".
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Y finalizaron: "La introducción 'irrestricta' de maquinaria usada, no solo atenta contra la necesaria renovación tecnológica mencionada, sino que genera un desequilibrio estructural en el ecosistema productivo en Argentina, cuyas consecuencias exceden lo estrictamente comercial y afectan al empleo; la productividad agropecuaria; la sustentabilidad ambiental y la sanidad fitosanitaria; la seguridad operativa de la maquinaria y de los trabajadores rurales, el transporte y logística asociadas; y la prevención de actividades fraudulentas e ilegales vinculadas al lavado de dinero".
En síntesis, "tiene el potencial de generar un impacto devastador porque no solo pone en riesgo la posibilidad de incrementar, o sostener, los 45.000 millones de dólares de exportaciones que la agroindustria aporta, y 1 de cada 4 pesos del PBI nacional, sino que también representa una amenaza para los 3,5 millones de empleos directos e indirectos que dependen de esta cadena".
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