La ola desreguladora del Gobierno nacional no siempre nace de las huestes de la Libertad Avanza, sino que también la fomentan sus aliados. En este caso, el diputado nacional porteño del PRO y empresario del sector vitivinícola, Damián Arabia, presentó un proyecto de Ley, en el cual busca derogar la Ley N°25.849, normativa que crea y establece el financiamiento de la Corporación Vitivinícola Argentina, más conocida como la Coviar.
Vayamos por partes y expliquemos primero qué es la Coviar. Esta entidad fue creada en 2004 y agrupa a casi la totalidad de la cadena vitivínicola argentina y cuya misión es “promover tanto la organización e integración de los actores de la cadena productiva, como la innovación de productos y procesos que acrecienten el valor agregado del sector, con la finalidad de ganar, mantener y consolidar mercados externos, el mercado interno, y lograr el desarrollo sostenido del sector”.
Esta institución es una de las principales del agro argentino y tiene un rol bastante importante en la vida del sector y en su promoción, o por lo menos así lo pretende, ya que no está ajena de cuestionamientos. Si vamos a los papeles, sería un organismo parecido al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva), que hoy por hoy también es resistido por parte de la cadena cárnica.
Ahora bien, ¿Por qué Arabia apunta a la Coviar? El proyecto, que cuenta con un solo artículo y que lleva la firma de otros ocho diputados del Pro - ninguno de la región cuyana - pretende "derogar la norma que otorga a la Coviar el caracter de entidad de derecho público no estatal, restituyendo a dicha organización el caracter que naturalmente corresponde a cualquier agrupación de actores del sector productivo privado".
El texto continúa: "Lejos de cuestionar la existencia misma de Coviar o la legítima articulación de sus integrantes en pos del sector vitivinícola, este proyecto reconoce y respeta la libertad de asociación como un principio fundamental del orden republicano y del sistema de economía de mercado".
"En este sentido, se afirma que el Estado no debe imponer, fomentar ni financiar organizaciones empresariales que pueden y deben surgir del acuerdo voluntario entre partes privadas, conforme al principio de subsidariedad que rige en toda economía abierta", agrega y en base a esto sostiene que "la institucionalización forzosa de una corporación sectorial bajo el ropaje del derecho público no solo vulnera la autonomía de los productores sino que distorciona el funcionamiento del mercado y eventualmente comprometiendo recursos público en funciones que exceden el interés general y responden a intereses sectoriales".
Básicamente, lo que busca Arabia es que los aportes para el funcionamiento de la Coviar, que lo realizan las bodegas y establecimientos vitivinícola estén o no asociadas, dejen de ser compulsivos, como así lo establece la Ley de financiamiento del organismo. Esto es algo que algunas cámaras de todos los ámbitos vienen reclamando y que están teniendo cierto respaldo en el Gobierno y sus aliados.
La posición de la Coviar
Ante este panorama, la Coviar salió a defenderse con un extenso comunicado firmado por 33 cámaras bodegueras y entidades y asociaciones de productores de las principales regiones productivas del país, no solo rechazando el proyecto es cuestión, sino también defendiendo su rol dentro de la cadena y su naturaleza.
"Ante el desconocimiento que exhibe el proyecto de ley presentado para eliminar una verdadera política de Estado de la vitivinicultura argentina, es importante aclarar que la Coviar no es una cámara empresaria ni mucho menos un sindicato. Es una institución que surgió por iniciativa del propio sector privado, con financiamiento del sector privado, en un intento por construir consensos y articular una estrategia común de desarrollo. Esa visión común es el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI)", indicó el escrito.
Este último punto es central, porque el PEVI es el alma y una de las principales razones de ser de la Coviar, cuyo financiamiento proviene de los aportes del 0,019% del precio de un vino por parte de las bodegas.
Es por eso que en la entidad entienden que "la discusión no es por recursos, costos ni mucho menos por competitividad. Si fuera esa la verdadera razón se abriría un debate real en torno a la excesiva presión impositiva que significa más de un 58,3% de los ingresos de las empresas y que pesa sobre una actividad productiva de alto valor agregado, distribución territorial y mano de obra intensiva como es la vitivinicultura. Pero de eso no se habla".
Pero la Coviar va más allá y pone el foco en un viejo debate argentino: "Que un legislador nacional por la Ciudad de Buenos Aires planteé la eliminación de una política de Estado de un sector productivo como el vitivinícola, pone en evidencia una discusión más grave y profunda: Federalismo versus centralismo".
"Pone en debate quién toma las decisiones y qué rol tienen las provincias y los centros de producción a la hora de definir políticas y estrategias de desarrollo. No es una discusión por recursos sino por la representatividad de la vitivinicultura argentina", esgrimieron desde el organismo.
La posición de Bodegas de Argentina
Pero no todo es consenso en el sector, sino que hay cámaras que apoyan la iniciativa de Arabia, como Bodegas de Argentina, entidad que nuclea a 200 empresas de la cadena, entre ellas, a las más grandes.
Bodegas de Argentina objeta la existencia de la Coviar, o por lo menos los aportes compulsivos a la entidad, argumentado que los objetivos para los cuales fue creada, que según entienden es básicamente llevar a cabo el PEVI, no fueron cumplidos.
Para citar un ejemplo, la cámara remarcó que uno de las metas que debía alcanzar la Coviar en 2020 era que "la industria vitivinícola argentina se posicione de forma sostenible entre las más destacadas del mundo; alcance ventas por US$ 2.000 millones; participe con un 10% del volumen de las exportaciones mundiales y logre la valoración y el reconocimiento de los consumidores".
En este sentido, subrayaron que la "participación en el volumen mundial al año 2020 fue 3,7% vs. objetivo del plan, que era 10%; las exportaciones ese año fueron de US$ 791 millones, cuando el objetivo eran US$ 2.000 millones; al mismo tiempo, se produjo una caída del 30% del consumo per cápita en Argentina".
Así, reclamaron que "en un lapso de 16 años, se han gastado US$ 230 millones - entre aportes privados y públicos, según Bodegas Argentinas - sin alcanzar los objetivos de posicionamiento internacional, comerciales ni productivos para los cuales se realizaron los aportes".
"La falta de rendición de cuentas e información abierta a la comunidad, la ausencia de auditorías reclamadas por Bodegas de Argentina y lo informado recientemente por la Sigen, han dejado un vacío de transparencia. Estos fondos, provenientes no solo de entidades privadas sino también de ciudadanos comunes que, a través de sus impuestos, sostienen el funcionamiento de una institución que ya no tiene sentido. ¿Cómo justificar semejantes desembolsos en una entidad que ha dejado de cumplir su misión?", sentenció la cámara empresaria.
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