La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la ley de movilidad jubilatoria impulsada por el gobierno de Alberto Fernández, que estuvo vigente entre 2021 y marzo de 2024. El tribunal también ordenó a la Anses recalcular el haber de la persona demandante, ajustándolo según la inflación registrada en ese período.
El fallo, dictado en la causa “Gimenez, Mirta Noemía c/ Anses s/reajustes varios” y firmado por los jueces Eduardo Pablo Jiménez y Alejandro Osvaldo Tazza, sostiene que durante la vigencia de la ley 27.609 los haberes previsionales sufrieron una pérdida de poder adquisitivo del 50,3%. La sentencia podría llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si la Anses decide apelar.
La persona que inició la demanda pertenece al grupo de jubilados que no recibió los bonos otorgados por el Estado desde septiembre de 2022 para reforzar los haberes más bajos. Según los jueces, esa exclusión agravó aún más la pérdida del poder adquisitivo en los sectores más vulnerables.
En su resolución, la Cámara subrayó que el otorgamiento de bonos por parte del Ejecutivo implicó el reconocimiento de “la grave crisis económica que afecta a nuestro país”. Además, citó que el decreto que en 2024 reemplazó la fórmula anterior por una actualización basada en la inflación describió los efectos del régimen anterior como "desastrosos" para los jubilados.
La ley 27.609, que combinaba la variación salarial y la recaudación impositiva para definir los aumentos, fue derogada en marzo de este año por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274 del gobierno de Javier Milei, que dispuso un esquema de reajustes mensuales atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Bajo esta modalidad, en mayo los haberes previsionales aumentarán un 3,73%, conforme a la inflación de marzo.
El abogado previsionalista Adrián Tróccoli destacó que uno de los puntos centrales del fallo es la crítica a los refuerzos extraordinarios otorgados durante la gestión de Fernández, por considerar que vulneran el principio de igualdad ante la ley: las ayudas fueron destinadas solo a un grupo de beneficiarios, dejando a otros sin compensación pese a las pérdidas sufridas.
La sentencia de la Cámara de Mar del Plata también ratificó que fueron inconstitucionales los reajustes aplicados en 2020 por decreto, cuando se suspendió la fórmula de movilidad de la ley 27.426 (aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri). En aquel año, se otorgaron aumentos discrecionales inferiores a la inflación, lo que significó una licuación real de los haberes. Por tal motivo, se ordenó que se recalculen esos ingresos considerando la fórmula anterior suspendida.
De este modo, el fallo no solo impacta sobre el régimen de movilidad aplicado entre 2021 y 2024, sino también sobre las decisiones adoptadas en 2020, profundizando el cuestionamiento judicial al esquema previsional implementado durante el gobierno de Alberto Fernández.
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