El Servicio Penitenciario Federal (SPF) informó a distintos tribunales de Comodoro Py que tiene la intención de trasladar a un grupo de represores condenados por delitos de lesa humanidad- entre los que se encuentra Alfredo Astiz- del Complejo Penitenciario VII de Ezeiza a la Unidad 34 de Campo de Mayo, que los organismos de derechos humanos describen como una cárcel VIP.
Por iniciativa de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el servicio penitenciario quiere vaciar la que anteriormente se conocía como Unidad 31 de Ezeiza, como una forma de readecuar sus prestaciones frente a la sobrepoblación carcelaria, sobre todo en las áreas de mujeres.
Así lo informó el pasado 16 de abril el director de régimen correccional del SPF, Gabriel Esteban Aquino, al Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de la Ciudad de Buenos Aires.
La situación en el complejo donde está Astiz
El Complejo VII está dividido en dos áreas: una destinada a mujeres y otra destinada mayoritariamente a condenados por crímenes de lesa humanidad. De acuerdo con la información que proporcionó Aquino, la unidad tiene 585 plazas y hay actualmente 506 internas. Dijo que hay 371 mujeres a la espera de ingresar al SPF. Según la versión del SPF, ese complejo pasará la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, que viene alojando a sus detenidos en comisarías y está expuesto a constantes fugas.
Lo que quiere hacer Bullrich es vaciar los pabellones 5,7 y 8, donde hay 19 represores presos. En ese sentido, el SPF le informó al TOF 5 –que juzgó los crímenes en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)-- que propiciaría el traslado hacia Campo de Mayo de Astiz, Ricardo Cavallo, Rodolfo Cionchi, Alberto González, Carlos Guillermo Suárez Mason, Adolfo Miguel Donda, Jorge Radice, Antonio Pernías y Luis Navarro.
En este contexto, Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y Antonio Pernías solicitaron que se les asignen celdas individuales y se les permita seguir comunicándose vía Skype con sus familiares.
Rechazo de los organismos de derechos humanos
La reacción de organismos de derechos humanos no se hizo esperar, con un comunicado de H.I.J.O.S.: “Rechazamos categóricamente la posibilidad de que los genocidas tengan privilegios. Nunca buscamos venganza, sí justicia (…) La situación de las cárceles de nuestro país debe resolverse de forma urgente para garantizar los derechos de todas las personas privadas de la libertad. El traslado de los genocidas a Campo de Mayo no constituye una solución a la sobrepoblación carcelaria que afecta a casi la totalidad de las personas detenidas”, sostuvieron.
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