Puede decirse que llegamos al capítulo mil de la malgorada historia de Vicentin y posiblemente, sea uno de los finales, ya que la cerealera en default se está jugando una de sus últimas - sino la última - cartas judiciales en búsqueda de que el acuerdo con sus acreedores sea homologado.
La historia ya es larga, pero intentaremos hacer un resumen: en 2020 Vicentin incurre en cesación de pagos por más de US$ 1.000 millones, dejando un tendal de productores y entidades financieras. Tras el fallido intento de intervención de la empresa por parte del Gobierno de Alberto Fernández, la cerealera comienza a construir un acuerdo con sus acreedores, alcanzando las mayorías necesarias, pero con quitas de magnitud en el monto a pagar adeudado.
La homologación de ese acuerdo por parte de la Justicia santafesino nunca quedó firme, con muchas idas y vueltas, hasta que la acreedora Commodities SA presenta un recurso de queja, que es atendido por la Corte Suprema de Santa Fe, dejando momentáneamente sin efecto dicho entendimiento.
Teniendo en cuenta esto, Vicentin presenta un recurso extraordinario al máximo tribunal provincial para que su caso sea tratado por la Corte Suprema Nacional, cuestión que fue denegada, pero, además, un juzgado de Reconquista decide intervenir la empresa desplazando a todo su directorio. Peor panorama, imposible, ya que en el interín, la cerealera había interrumpido los trabajos en dos de sus tres plantas.
¿Qué es lo que hizo Vicentin ahora? Recurrió directamente a la Corte Suprema Nacional, para que su caso se revisado por ésta y el acuerdo con los acreedores quede homologado, argumentando que el máximo tribunal santafesino incurrió en un sinfín de arbitrariedades.
La empresa entiende que “la sentencia que deja sin efecto la homologación del acuerdo concursal, de no ser revisada, adquiere el carácter de cosa juzgada material”.
Vicentin y su "camino a la quiebra"
El estudio de abogados que lleva adelante la defensa de Vicentin asegura que de no tratarse su caso, la empresa va "camino a la quiebra".
"La demora judicial y la falta de homologación han ocasionado perjuicios concretos y gravísimos a la concursada, a los acreedores y a toda la comunidad de la Provincia de Santa Fe", asegura en el escrito presentado.
Según su visión, "la incertidumbre en la homologación genera que los clientes no quieran celebrar los contratos de fazón ante el riesgo de una eventual declaración de quiebra con sus mercaderías ingresadas a la empresa".
"Esta situación disminuye hasta reducir a cero la actividad de la empresa concursada. Sin recursos, la empresa no puede funcionar (pagar servicios, trabajadores, proveedores, etc) y va camino a la quiebra", sentenció.
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