El Gobierno anunció la asignación de 25 mil millones adicionales para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), de los cuales un tercio- poco más de 8 mil millones- llegarán a la central de inteligencia en concepto de gastos reservados, sin control parlamentario.
La reasignación fue publicada hoy en un decreto del Boletín Oficial que cuenta con las firmas del jefe de gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
El Gobierno dispone de esos millonarios fondos adicionales para la SIDE en concepto de “Seguridad y Defensa”. De los $25 mil millones para la central de inteligencia, algo más de $19.000 millones son gastos corrientes, y el resto gastos de capital.
Entre los gastos corrientes sobresalen los gastos no personales, como alquileres de maquinaria, mantenimiento, reparación y limpieza, y la suma de $8.017.600.000 en concepto de gastos reservados, sin obligación de rendir cuentas. En la SIDE, manejada por Sergio Neiffert, tiene una gran influencia el polémico asesor presidencial Santiago Caputo, cuyo radio de acción se extiende, además, a áreas tan disímiles como los ministerios de Salud y Justicia, la petrolera estatal YPF o el ente recaudador, Arca, por dar solo algunos casos.
El presupuesto para la SIDE ya fue rechazado
A mediados de marzo, a través de un decreto similar, el Gobierno había ampliado en algo más de $7000 millones en los gastos para la SIDE, entre ellos $1650 millones en gastos reservados.
Las asignaciones de fondos para la SIDE sufrieron un severo traspié en el Congreso, en agosto pasado, cuando con el voto de distintos partidos opositores y el PRO de Mauricio Macri, la Cámara de Senadores rechazó el DNU que asignaba nada menos que $100.000 millones adicionales al presupuesto de la SIDE, también en concepto de gastos reservados.
Fue un duro golpe al Gobierno, en el primer rechazo a un DNU enviado por el Poder Ejecutivo desde la reforma constitucional de 1994, aunque los fondos habían sido gastados casi en su totalidad en el mes que medió entre la salida del decreto (19 de julio) y su rechazo parlamentario. En diciembre, el Gobierno aceptó la decisión del Congreso y devolvió los $88.000 millones que ya habían sido utilizados.
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