El Municipio de San Isidro suspenderá las fotomultas durante 180 días, luego de encontrar presuntas “inconsistencias” en los convenios con universidades públicas. A raíz de esta situación, dos instituciones fueron intimadas a responder a requerimientos de información de la administración local.
Según indicaron desde el municipio, los acuerdos -firmados en 2020 y 2022 por la anterior gestión- tercerizarían funciones y responsabilidades en empresas privadas. Mientras se mantenga la medida se reforzará la seguridad vial con agentes de tránsito locales.
Cabe destacar que San Isidro es el municipio con más radares para aplicar multas: hay instalados 268 dispositivos de los cuales 229 son cámaras de semáforo que sirven para controlar a los vehículos que cruzan la intersección. A esto se suman radares para el control de uso del cinturón de seguridad y celular (2), de velocidad fijo (35) y dos tótems con fotomulta.
Estos números arrojan que San Isidro cuenta con 5,5 radares por kilómetro cuadrado, mientras que en Tigre, por ejemplo, hay 0,07 radares por kilómetro cuadrado. El municipio tigrense cuenta únicamente con 26 radares entre todas las categorías, según fuentes oficiales.
La suspensión fue dispuesta por decreto y firmada por el intendente Ramón Lanús de manera transitoria. Desde la intendencia explicaron que la suspensión se mantendrá hasta que se pueda garantizar que “la ejecución del sistema de fotomultas se ajuste a la normativa vigente y se oriente a la reducción de la siniestralidad vial y no a fines recaudatorios”.
“Las fotomultas deberían ser una herramienta para cuidar la seguridad vial, no pueden nunca perseguir un fin recaudatorio. Queremos garantizar que el sistema de fotomultas esté de verdad orientado a reducir accidentes y salvar vidas, no a sacarle plata al vecino. Y mucho menos para beneficiar a empresas y/o funcionarios políticos escondidas detrás de convenios oscuros. Ese debería haber sido el propósito desde el primer día. No lo fue. Por eso, lo frenamos”, sostuvo Lanús.
En consecuencia, la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM) y la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz (UNSO) fueron intimadas a responder en un plazo de 15 días a los pedidos de información del municipio. En este contexto, deberán aclarar las “ambigüedades y contradicciones” presentadas ante la administración local en respuesta a los requerimientos de información.
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